La Constitución Española configura la huelga como uno de los derechos fundamentales en los que se asienta el Estado social y democrático de derecho, goza del máximo nivel de garantías y vincula a todos los poderes públicos.

 

En España, y durante más de 35 años, los trabajadores han venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo.

 

Durante este último tiempo este derecho constitucional está siendo cuestionado por las autoridades públicas a través de actuaciones penales desarrolladas contra los trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas convocadas por las organizaciones sindicales más representativas contra las reformas laborales, por supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de las mismas.

 

No se trata de defender posibles extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga, pero las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica.

 

 

Numerosas acusaciones e imputaciones, con peticiones de cárcel, dirigidas contra el movimiento sindical, sus responsables y militantes, por el ejercicio legítimo y constitucional del derecho de huelga que, no olvidemos, implica el derecho a requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin  responden a una forma de gobernar caracterizada por la restricción de los derechos y libertades básicas ciudadanas, esas que conforman el modelo de convivencia y el Estado social y democrático de derecho que regula la Constitución española.

 

La persecución de la libertad sindical se une a otras iniciativas desarrolladas por el gobierno de España para cercenar libertades públicas y limitar derechos, como las últimas reformas legales en materia del Código Penal o de seguridad ciudadana o las que niegan la gratuidad en el acceso a la Justicia.

 

No es posible permanecer callado o mostrarse impasible ante ese intento de deslegitimar las res-puestas laborales a las reformas injustas impuestas por el poder político, de condicionar en el futuro el desarrollo de estas huelgas, cuando no de fundamentar hipotéticas reformas laborales lesivas o perjudiciales para los trabajadores, en una muestra más de retroceso democrático.

 

Las limitaciones de los derechos sindicales fundamentales, además de provocar un grave desequilibrio en las relaciones laborales frustran los avances en las condiciones de trabajo y en el bienestar de la sociedad.

 

Ante esta situación, la reunión mundial del grupo profesional de HRCT UITA  considera inaceptable el ataque continuado a los derechos constitucionales que se está produciendo, y de manera singular, la intervención de los poderes públicos en España contra la libertad sindical.

 

Cerca de 260 trabajadores y sindicalistas, en su mayoría miembros de CCOO y UGT, estén hoy afectados por procedimientos administrativos y penales tras participar en la convocatoria, extensión y organización de huelgas generales.

 

Como ejemplo de esta situación citamos la petición de penas de sesenta años de cárcel contra ocho compañeros de Airbus, acusados por ejercer el derecho de huelga el 29 de septiembre de 2010.

 

Paradójicamente, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, tuvieron que comparecer ante el juzgado en la vista oral de conciliación, en la que el fiscal reiteró la petición de la pena.

 

El grupo profesional HRCT UITA expresa su solidaridad con los trabajadores y sindicatos españoles y exige al gobierno de España el cese de su campaña de criminalización del derecho de huelga.