En 1997, cuando la transnacional Endesa España pagó 1.500 millones de dólares por el control de la compañía Enersis de Chile (1),  muchos accionistas minoritarios resultaron perjudicados.

El expresidente chileno Sebastián Piñera fue uno de ellos, pero finalmente logró sacar un mejor precio para sus acciones.

La oferta era por el 30 por ciento de las acciones que estaban en manos de cinco sociedades conocidas como Chispas. Sin embargo, no todos recibieron lo mismo.

A los tenedores de la serie B, dueños del 0,06 por ciento de las acciones y que pertenecían a 14 ejecutivos que administraban el holding, se les pagó 500 millones de dólares, mientras que a los tenedores de la serie A, que representaban el 99,94 por ciento de las Chispas, recibían los mil millones restantes.

La razón para esta enorme diferencia estribaba en que las acciones B tenían el control de Enersis, ya que con apenas el 0,06 por ciento de los papeles elegían a cuatro de los nueve directores.

Poco después de dicha transacción Piñera, en aquella época senador por el partido Renovación Nacional de Chile, se apresuró a presentar un proyecto de ley para reformular la Ley de Valores y evitar este tipo de maniobras.

Pero la legislación chilena no rige fuera de fronteras y 18 años más tarde, en Perú, Piñera está intentando no salir nuevamente perjudicado en una millonaria operación por el control de Corporación Lindley, la embotelladora de Coca Cola en ese país.

Hace unas semanas el gigante mexicano Arca Continental acordó pagar 760 millones de dólares por Lindley y 150 millones adicionales para que el vendedor se retire de la industria embotelladora en forma definitiva y no cree otro negocio competidor.

El negocio habría comprendido el 53,2 por ciento de las acciones comunes por 758,7 millones de dólares y 2 por ciento de las acciones de inversión por 1,3 millones.

Curiosamente la operación no incluía a toda la familia Lindley, solo la rama de Johnny Lindley, porque su tía María Martha Lindley Taboada aún posee el 6 por ciento de las acciones comunes.

Sebastián Piñera, junto a los también chilenos Piero, Sandro y Carlo Solari –integrantes de una de las familias más adineradas del mundo- que poseen acciones de Lindley, alegan que los dejaron fuera de la operación injustamente y que el negocio solo beneficia a la familia controladora.

Critican no solo la venta y cómo se negoció, sino también un acuerdo paralelo en el que la embotelladora acordó vender tierras de su propiedad a la familia controladora por 137 millones de dólares. Aducen que la venta no fue transparente, que no se solicitaron otras ofertas que compitiesen y que no se informó a los accionistas minoritarios.

La consultora estadounidense Bloomberg reveló que Fratelli Investments, una empresa de los hermanos Solari, escribió una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores peruana solicitándole revisar la operación. La carta cuenta con el apoyo de Bancard, la sociedad de inversiones de Piñera, pero este no la firmó.

Algunos observadores manifiestan que la venta fue estructurada en “una forma bien curiosa", ya que solo beneficia a los controladores. Manifiestan que hay cuatro tipos de acciones en Lindley y la oferta es solo para la familia Lindley, ya que hay 2.600 accionistas a los cuales no les llega nada y que solo los que tienen acciones con derecho a voto se benefician, "y estos son la familia Lindley”.

De acuerdo al análisis de Bloomberg, la venta fue un negocio lucrativo para la familia Lindley. Arca pagó 2,95 dólares la acción con derecho a voto, más de tres veces el valor actual de las acciones de inversión que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Por su parte el presidente de Lindley, Johnny Lindley, recibió otros 1,3 millones de dólares por sus acciones sin derecho a voto.

Según el diario chileno El Mostrador, una fuente citada por Bloomberg acusa a los directores de Lindley de no cumplir con su deber de proteger los derechos de todos los accionistas o, incluso, informar a los accionistas minoritarios que las negociaciones estaban en marcha.

Entre los 2.600 accionistas minoritarios se encuentran trabajadores de la empresa, los que visto las reglas de juego que utilizan estos capitalistas con los de su misma clase, pocas esperanzas pueden albergar que sus derechos como accionistas y como trabajadores sean respetados.

Arca Continental nació en México en 2001 como resultado de la fusión de las embotelladoras Argos, Arma y Grupo Protector.

Es la segunda embotelladora de Coca Cola en América Latina detrás de la también mexicana FEMSA. Opera en México (20 plantas), Ecuador (3 plantas) y Argentina (3 plantas).

En los últimos años invirtió 150 millones de dólares en nuevas plantas en los dos últimos países mencionados.

Con la adquisición de las acciones de Corporación Lindley alcanzará una nada despreciable facturación anual estimada en 5.400 millones de dólares.

Pese a su política de adquisiciones su deuda se mantiene baja, representando el 7,4 por ciento del valor de la empresa, mientras que en empresas similares como Coca Cola FEMSA o la chilena Andina, la deuda representa el 41,8 por ciento y el 23,6 por ciento del valor de las mismas, respectivamente.

La inversión de Arca en Perú abrió una serie de especulaciones respecto a que la misma, o su rival FEMSA, tendrían los ojos puestos en Chile, donde Embonor y Andina son vistas como objetivos de inversión en un escenario en que Coca Cola Company está incentivando a sus embotelladores para que se fusionen.

De hecho, las acciones de las dos empresas chilenas se han disparado este año ante rumores de que los mexicanos las estarían sondeando para hacer una oferta de compra.