El más reciente informe de Global Witness «Siempre en pie» (descargar aquí el informe completo) sobre los ataques sufridos a nivel mundial por las y los defensores de la tierra, territorios y bienes comunes en 2022 , ratifica lo peligroso que es defender al planeta y cómo América Latina sigue siendo el lugar más arriesgado para hacerlo.

El año pasado fueron al menos 177 las personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas.

El 88 por ciento de estos homicidios se produjo en América Latina, y más de un tercio de todas las agresiones con consecuencias mortales tuvieron lugar en Colombia (60), casi el doble que en 2021 (31).

Más del 70 por ciento de los asesinatos (125) ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, mientras que en México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021 (54), fueron 31.

En Centroamérica, Honduras, con 14 agresiones mortales, mantiene la primacía a nivel mundial en cuanto a número de personas defensoras asesinadas per cápita.

Como promedio —explica el informe— en 2022 se asesinó a una persona defensora cada dos días, al igual que ocurrió en 2021.

“Si bien la cifra total del año pasado es ligeramente inferior a la de 2021 (200 asesinatos) la situación no ha mejorado sustancialmente”, advierte Global Witness.

“El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo”.

En la última década (2012-2022), el total de personas defensoras de tierra, territorios y bienes comunes asesinadas en el mundo asciende a 1.910. De ellas, 1.390 han sido asesinadas desde que se aprobó el Acuerdo de París (2015), explica Global Witness.

América Latina aparece como el lugar más letal también en este período, con un total de 1.335 personas defensoras que han perdido la vida, es decir un 70 por ciento del total.

Colombia (382), Brasil (376), México (185), Honduras (131) y Guatemala (82) encabezan la dramática lista. En Asia, Filipinas (281) es el país con el mayor número de defensores asesinados, el tercero a nivel mundial.

Un total de 11 de los 18 países en los que documentaron casos en 2022 eran latinoamericanos.

Agroindustria, minería y explotación forestal son los sectores vinculados a la mayor cantidad de asesinatos.

El 11 por ciento de los ataques mortales fue contra mujeres. Más de un tercio (36 por ciento) eran personas indígenas y el 7 por ciento afrodescendientes. El 22 por ciento se dedicaba a la agricultura a pequeña escala.

En 2022, más de una quinta parte (22 por ciento) de los 177 homicidios registrados en el mundo ocurrieron en la Amazonía (39). Desde 2014 han sido asesinadas por lo menos 296 personas defensoras en la mayor floresta tropical del mundo.

El informe de Global Witness señala también que, además de las agresiones mortales, las y los activistas siguen sufriendo todo tipo de persecución, hostigamiento, estigmatización y ataques digitales.

Asimismo, pone de relieve un preocupante patrón de casos de silenciamiento de personas activistas mediante su criminalización, lo cual implica “que los marcos jurídicos y las leyes que deberían protegerlas se convierten en armas para atacarlas y silenciar su voz”.

Otro elemento a tomar siempre en cuenta es que el listado presentado cada año por Global Witness está ampliamente subestimado, y no refleja con exactitud la verdadera magnitud del problema.

Eso depende, en gran parte, de que “las cortapisas a la libertad de prensa y la falta de un seguimiento independiente en muchos países dificultan la denuncia de estos homicidios”.

Ante esta situación, la organización británica volvió a exhortar a las autoridades de los estados donde se perpetran estos crímenes a que apliquen urgentemente mejores medidas de protección para las personas defensoras.

También las instó a fomentar el reconocimiento del papel que desempeñan en la lucha contra la emergencia climática.

Finalmente, urgió poner fin a la impunidad con investigaciones adecuadas, profundas e independientes, para asegurar el justo castigo para los responsables materiales e intelectuales, rompiendo así con el círculo vicioso de la impunidad.