América Latina ha estado marcada históricamente por altos niveles de desigualdad, pero la crisis económica, social y de salud generada por el COVID-19 dio una estocada al empleo femenino durante el 2020, adicionando a la pobreza a unos 23 millones de mujeres (para un total de 118 millones), debido a la expulsión del empleo y el impacto negativo de los ingresos en los hogares, generando un retroceso de una década en su participación laboral.
Eso en caso de que las medidas de los gobiernos no les ayuden a salir de su situación.
Así lo confirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su más reciente informe “la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, en el cual plantea que la tasa de desocupación femenina alcanzó un 22,2 por ciento el año pasado.
Esta salida tan dramática de mujeres del mercado laboral responde a las demandas de cuidado en los hogares generadas por las restricciones, producto de la pandemia, así como el masivo cierre de negocios, sobre todo en sectores en los que la presencia femenina es mayor.
De acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, la segmentación laboral en la región ha sido uno de los factores más significativos en este retroceso, ya que las mujeres laboran sobre todo en sectores como comercio, manufactura, turismo, servicio doméstico, actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo.
En América Latina un 56,9 por ciento de las mujeres están en estos sectores vulnerables y en El Caribe la proporción es 54,3 por ciento. Sin duda el turismo ha sido de los más golpeados y allí en promedio el 61,5 por cientos son mujeres; en la economía del cuidado el 91,5 por ciento corresponde a fuerza laboral femenina; en educación el 70,4 por ciento y en salud un 73 por ciento.
“Cuando hablamos de la primera línea de atención en la pandemia, en casi toda la región las mujeres están sobrerrepresentadas. En Costa Rica es del 65,6%, El Salvador con 63,9%, Honduras un 62,6%, Panamá el 74,7% y el promedio para América Latina es del 73,2%. El problema en la mayoría de los países es que hay una brecha salarial del 23,7%, aunque hacen las mismas labores, una injusticia plena”, explicó Bárcena.
Pero no solo se han visto expuestas a una estructura de desigualdad salarial, sino que han tenido que afrontar la pandemia en condiciones de trabajo extremas, con extensas jornadas laborales que implica un mayor riesgo a contagiarse.
La investigación de Cepal pone sobre la mesa la evidencia de que se han profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género, lo que atenta contra la autonomía económica de las mujeres.
En este sentido, hay una sobrerrepresentación de mujeres en los hogares pobres, expuestas al desempleo e informalidad, con enormes barreras de acceso a servicios financieros y brechas digitales, que implican menos oportunidades para desempeñar empleos bajo modalidad de teletrabajo.
Bárcena señaló que la concentración de poder de los hombres en las empresas y puestos de toma de decisiones debe revertirse, así como la división sexual del trabajo, que ubica a la mayor proporción femenina en puestos de baja calificación y el aumento de los cuidados en los hogares.
Todo esto sumado a que un incremento de la violencia de género en la pandemia ha sido la peor receta para el aumento de la desigualdad.
“Definitivamente urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que enfrentan, y así fortalecer su autonomía económica.
Además, es necesario un esfuerzo de los gobiernos por establecer una canasta básica digital que permita conectar a una de cada cuatro mujeres en América Latina y El Caribe, pues hoy 39,1% no tiene ingresos para pagar Internet”, detalló.
Esos ajustes también deberán pasar por un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y evite la profundización de pobreza en los hogares jefeados por mujeres y la sobrecarga de trabajo no remunerado.
Una alternativa que plantea la Cepal es que los gobiernos incorporen un ingreso básico dirigido a las mujeres, que rondaría los 120 dólares, al menos para nueve países de la región de los que tienen información y estadísticas.
Según las propias estimaciones del organismo, entregar durante seis meses este ingreso básico a mujeres en condición de vulnerabilidad significaría un 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de estos países y si se entregara por tres meses el porcentaje sería del 0,15%.
Otro factor que resultará determinante será el diseño de políticas que aborden los cuidados de menores, adultos mayores y discapacitados como una inversión y no como un gasto social.
Con este enfoque sería posible desarrollar capacidades de atención de los más vulnerables; generar empleo de calidad, en particular para las mujeres; y en el mediano y largo plazo incidirá en los niveles de educación de la futura fuerza de trabajo y por lo tanto en su productividad.
Asimismo, la provisión de infraestructura pública y social de cuidado tiene el potencial de reducir las desigualdades educativas que afectan a la población infantil, especialmente si se regula y controla la calidad de los servicios comunitarios, públicos y privados, que brindan cuidados.
“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó Bárcena.
(Nota publicada originalmente en el Semanario Universidad. Intertítulos pertenecen a la Rel)