Promovido por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y fogoneado por Chile y Costa Rica, el Acuerdo entró finalmente en vigor el 22 de abril de 2021, lo que fue celebrado en diversos países y por organizaciones civiles personalidades, incluyendo al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Se trata del primer gran pacto ambiental de la región² cuyo propósito fue traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental.

Sus principales objetivos son garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, así como facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de la región.

Si bien el acuerdo se enfoca esencialmente en aspectos ambientales, se puede afirmar que es garante de los derechos humanos.

Desde hace años asistimos en América Latina y el Caribe no sólo a catástrofes ambientales y sociales provocadas por modelos productivos y extractivos criminales, sino también al acoso, persecución y muerte de numerosos activistas defensores de los derechos humanos, ambientales y sociales.

A modo de ejemplo baste recordar a Chico Mendes, líder de los “seringueiros” de Brasil, asesinado en su casa, delante de sus hijos, en diciembre de 1988, y a Berta Cáceres, hondureña, líder indígena lenca, feminista y ambientalista, asesinada en marzo de 2016 por un sicario.

Más recientemente, un reportaje de prensa reveló cómo la comunidad yanomami de Brasil estaba siendo conducida a la extinción por hambre y enfermedades curables, como consecuencia de una política deliberadamente criminal del ex presidente Jair Bolsonaro que promovió la minería ilegal y la contaminación de fuentes de agua con metales pesados.

El Acuerdo de Escazú instala la obligación para entidades públicas y privadas de establecer mecanismos ciertos y comprobables de participación ciudadana en las políticas ambientales, en la revisión de proyectos productivos potencialmente riesgosos, y obliga a los gobiernos a proporcionar información oportuna y transparente a la sociedad civil acerca de latentes peligros o amenazas ambientales.

Se opone además a toda forma de desigualdad y discriminación. Por ello, busca garantizar la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

La CEPAL elaboró una guía de implementación cuya lectura es recomendable³.

Por esto los sindicatos, sobre todo los rurales, pero no sólo ellos, están concernidos por los alcances del Acuerdo de Escazú y tienen la oportunidad de incorporar una formidable herramienta jurídica, aún poco divulgada y utilizada, en apoyo a sus reivindicaciones y como instrumento promotor de cooperaciones y coordinaciones con otros sectores sociales organizados.

Cada vez más los derechos ambientales son percibidos como inseparables de los derechos humanos en general.

Cada vez más rompe los ojos que los desafíos ambientales nos conciernen a todos y todas en nuestro presente, sea cual sea nuestra área laboral, pero también concierne al futuro próximo, el de nuestros hijos y nietos.

No podremos legarles un mundo totalmente seguro, pero sí podemos dejar un camino abierto.

¹Escazú es el nombre de la ciudad costarricense donde fue firmado el Acuerdo.
²https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content
³https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/21-00642_pfc-white_paper-escazu_guia_de_implementacion.pdf