Todo remonta a ocho años atrás, cuando trabajadores rurales de una misma familia del departamento de Canindeyú comenzaron a sentir los efectos de la exposición a agrotóxicos fumigados en campos cercanos: mareos, náuseas, cefaleas, diarrea, tos, lesiones en la piel.
Una persona de la familia denunciante murió y otros 22 habitantes de la zona resultaron envenenados.
Alertadas las autoridades, nada hicieron.
“Canindeyú es un área de gran expansión de los agronegocios y el cultivo mecanizado extensivo de soja modificada genéticamente”, recuerda la resolución del comité de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos independientes.
“El uso a gran escala de agroquímicos tóxicos en la región ha tenido graves impactos en las condiciones de vida, salud, medios de vida de las víctimas, contaminando los recursos hídricos y acuíferos, y causando la pérdida de árboles frutales, la muerte de varios animales de granja y daños severos a los cultivos”, agrega.
El Comité es durísimo con la actitud de los organismos estatales que debían haber intervenido en el caso, como el Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Calidad y Salud de las Plantas y Semillas.
“El Estado no cumplió con su obligación de proteger el derecho constitucional a la salud, a la integridad física y psicológica, a la calidad de vida y a vivir en un ambiente ecológicamente sano”.
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En el tiempo transcurrido desde este hecho, uno más de un collar de agresiones similares que se producen todos los días en los campos paraguayos, argentinos, brasileños, uruguayos, “las fumigaciones continuaron sin ninguna medida de protección ambiental”.
“Los productores de soja ubicados al lado de la casa de las víctimas todavía están aplicando cantidades masivas de agroquímicos sin permisos ambientales”.
Al Estado paraguayo, que adhirió en 1995 al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el organismo de la ONU lo llama a “emprender una investigación efectiva y exhaustiva sobre las fumigaciones con agroquímicos y el posterior envenenamiento de los pueblos, incluidos los niños, y la contaminación del agua, el suelo y los alimentos”.
En relación al caso concreto de la familia contaminada y envenenada, lo conmina a investigar lo sucedido, hallar y condenar a los culpables y reparar integralmente a los afectados, así como a publicar esta resolución en un diario de circulación nacional. Y le da un plazo de 180 días para dar cuenta en detalle de las medidas tomadas.
“Esta es una decisión histórica a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de los derechos civiles y políticos fundamentales.
Cientos de casos similares en todo el mundo podrían presentarse a nuestra consideración”, comentó la integrante del Comité Hélène Tigroudja.