Un modelo cuestionado

 

El 5 de junio, una vez más desde 1973, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas.

 

La fecha significó un avance en la sensibilización de la sociedad respecto a la crisis ambiental – deforestación, pérdida de biodiversidad, desertificación, contaminación, extinción – a la que nos ha conducido el modelo de desarrollo que ha predominado y se ha globalizado.

 

No obstante, el proceso destructivo ha continuado e incluso se ha agravado, con alcances inimaginables, avasallando derechos presentes y futuros. Y es justamente el punto de contacto entre medio ambiente y desarrollo lo que la novel Institución Nacional de Derechos Humanos ha levantado en Uruguay, creando, en su Asamblea Nacional, un grupo de trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente entiende “que no es posible para el ser humano gozar de ningún derecho si no vive en un medio ambiente adecuado para la vida”.

 

Guayubira hace suyas las denuncias hechas a la Asamblea sobre las “actividades económicas que representan una grave amenaza para los bienes naturales”, identificando entre ellas a las plantaciones de monocultivos de eucaliptos, que “superan largamente el millón de hectáreas cultivadas –área similar a la que hoy ocupa la soja transgénica- y consumen 20 millones de metros cúbicos de agua dulce por día.

 

Provocan además una grave alteración en la permeabilidad del suelo y aumentan la acidificación tanto del suelo como de cursos de agua superficiales y subterráneos adyacentes a las plantaciones. Al igual que el agronegocio sojero, la expansión de este tipo de plantaciones redunda en el desplazamiento de las familias campesinas hacia la periferia de las ciudades.

 

En la II Asamblea Nacional, realizada el 31 de mayo pasado, se siguieron recibiendo denuncias de avasallamiento al derecho a la vida, al agua y la tierra, por el uso de agrotóxicos en las fumigaciones periurbanas y rurales y su efecto sobre la salud humana, como resultado de la expansión del agronegocio. Ante la falta de respuesta de las autoridades competentes, vecinos de la ciudad de Guichón, en el departamento de Paysandú, víctimas de continuas fumigaciones aéreas con agrotóxicos, decidieron registrar por su cuenta y difundir los distintos efectos que estas fumigaciones tienen sobre la salud.

 

Se pretende por otra parte imponer la lógica de que la única vía para el desarrollo nacional es la apertura sin restricciones al capital extranjero, aunque implique, como en el caso de la megaminería, la afectación de cientos de hectáreas de campo y de familias rurales, desvío de ríos, tala de monte indígena, la construcción de un mineroducto que atravesará tierras productivas y zonas protegidas para llevar el material hasta un puerto de aguas profundas.

 

Ante la crisis de la cuenca del río Santa Lucía, donde la Universidad y la Dirección Nacional de Medio Ambiente afirman que el 80 por ciento de la contaminación por nutrientes proviene de la actividad agropecuaria, urge que las autoridades establezcan límites a los emprendimientos agropecuarios, como los cultivos de soja y los monocultivos forestales retirando de la cuenca suelos que se han declarado de prioridad forestal, ya que está científicamente probada la afectación a cantidad y calidad de las aguas.

 

Megaminería a cielo abierto, monocultivos a gran escala, fumigaciones son las caras de un modelo de desarrollo que genera opresión, dependencia, contaminación.

 

No será posible proyectarnos como seres con derechos desde sociedades y ambientes fragmentados, sobreexplotados, desarraigados. Por eso las luchas se juntan entre quienes aspiramos a sociedades donde predominen valores de equidad, cooperación, e integración, en ecosistemas saludables y en armonía que potencien lo mejor del ser humano.