El Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Lyon comenzó a tratar nuevamente su caso este miércoles 6 y en dos meses debería conocerse su fallo.
François es un agricultor francés que denunció a la transnacional por haber sido intoxicado con un agrotóxico actualmente prohibido en la Unión Europea.
En 2004, inhaló accidentalmente los vapores del Lasso en su plantación de maíz en la región de Charente. De inmediato tuvo mareos, vómitos, vértigo, desmayos, amnesia.
Su mujer, enfermera, lo trasladó de urgencia a un hospital, al que debió acudir todas las semanas durante siete meses.
Años batalló para probar que sus padecimientos, que lo llevaron incluso al coma, se debían a aquel accidente profesional de 2004, cuando entró en contacto con un producto que la empresa que lo comercializaba consideraba inocuo.
El juicio se inició en 2007, año en que la Unión Europea retiró al Lasso del mercado de todos los países miembros.
Cinco años después, un tribunal condenó a Monsanto a indemnizar totalmente al agricultor, el primer fallo de este tipo en el mundo.
La justicia encontró al gigante de los agrotóxicos y los OGM responsable de no informar sobre los peligros de su producto.
La transnacional hoy propiedad de Bayer apeló la sentencia, pero ésta fue confirmada por un tribunal de segunda instancia en 2015.
Sin embargo, en 2017 el Tribunal de Casación la anuló por vicios de forma y devolvió el caso al de Apelaciones, que recibió este miércoles 6 por segunda vez a François.
“Tiene que ser la última, ya estoy muy cansado “, dijo poco antes de volver a declarar este hombre de 53 años que asegura haber sido “constantemente acosado por los representantes de la empresa en todos estos años”.
No es raro. Ha sido el destino de todos –agricultores, científicos, organismos- los que han osado enfrentarse a este gigante.
El abogado del campesino, François Lafforgue, confía en que Monsanto sea condenada. La jurisprudencia europea ha finalmente avanzado en favor de las víctimas de fumigaciones y, además, se han ido reuniendo pruebas “determinantes” sobre la peligrosidad de estos agrotóxicos.
Monsanto aduce que en el momento en que se produjeron los hechos -2004- no existía conocimiento suficiente sobre el nivel de toxicidad del Lasso, pero eso no es verdad, dice Lafforgue.
No es verdad, dice Lafforgue.
En 1993, el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia ya “había establecido una ficha toxicológica determinando la peligrosidad del monoclorobenceno, el solvente presente en el Lasso, y el alacloro, su principio activo, había sido retirado del mercado en Canadá en 1985, en Bélgica en 1990 y en el Reino Unido en 1992”.
François, uno de los principales animadores de la asociación Fitovíctimas, pretende que en Francia se cree un fondo para indemnizar a los agricultores afectados por los agrotóxicos.
El parlamento debía considerar la semana pasada un proyecto de ley en ese sentido, pero el Ministerio de Salud pidió posponer el debate hasta que se discuta una reforma del financiamiento de la seguridad social.
“Es una vergüenza. El gobierno quiere ganar tiempo para proteger a los industriales”, dice este agricultor que nada tiene de izquierdista.
En las últimas elecciones votó por Emmanuel Macron, pero se considera traicionado por un presidente que se presentó poco menos que como ecologista y que “nada ha cumplido de sus promesas de defender la salud de los agricultores y el ambiente de productos probadamente peligrosos.