-¿Cómo surge tu interés y sensibilidad por la defensa del medio ambiente?
-Hace bastante tiempo que estoy vinculado a los movimientos de defensa ambiental, con las cuestiones agrarias y el tema de la tierra.
Todo surge porque noto una agresión creciente y cotidiana contra el ambiente.
Estoy vinculado hace mucho a los trabajadores rurales, he sido asesor de la Federación de Trabajadores de la Agricultura (Fetag) y también de algunos sindicatos y a través de ellos, sobre todo de los pequeños agricultores, pude observar el drama que la falta de respeto al medio ambiente genera a sus familias.
Hay personas que mueren por los agrotóxicos; o que enferman y se van deteriorando lentamente con dolencias que afectan el sistema nervioso central.
Cada vez se ven más y más casos de este tipo.
Estas cosas son las que motivan el accionar legal contra las grandes corporaciones que forman parte de esta red de intereses a la que poco le importan los trabajadores, sus familias y el ambiente.
-¿Qué pasa con la patente de las semillas y la concentración de las mismas en unas pocas compañías transnacionales?
-El tema de las semillas es puntualmente sensible para todos los que defendemos una agricultura sustentable.
Para nosotros la semilla está rodeada de un halo de sacralidad, mientras que el modelo hegemónico (el del agronegocio) la ve como mercadería, como una commodity.
Este es el trasfondo de una serie de problemas, incluso desde el punto de vista simbólico, porque le quita el derecho a la tierra de generar vida nueva, destruye pensamientos y construcciones culturales que se remontan a las comunidades originarias, a los primeros agricultores, a milenios de historia de la agricultura que ha permitido la supervivencia de la especie humana.
Recordemos que esta agricultura moderna inauguró una matriz químico- dependiente, a partir del período de post guerra, que se apropió de las semillas para controlar el sector agrícola y por consiguiente toda la cadena de alimentos desde lo económico.
Eso nos demuestra lo gigantesco de nuestro desafío para poder preservar las semillas criollas, un material genético criollo capaz de soportar las variaciones del clima. En esto está involucrado el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria también.
-No es sencillo romper el paradigma semilla / agrotóxicos / agricultura en manos de 5 o 6 transnacionales y de su ejército de “científicos” fundamentalistas que pregonan contra la ecología, la agricultura orgánica o familiar…
-Para nada. Se trata de un engranaje cuyo motor principal es el dinero y el poder. Una investigadora muy prestigiosa de la Universidad de Harvard, la doctora Sheila Jasarnoff, dice que el control de las semillas es la nueva forma de imperialismo.
Ella compara, muy acertadamente, los procesos de los antiguos imperios romano y otomano con el de las corporaciones transnacionales, que no solo detentan la propiedad de las semillas, sino que producen el veneno, promueven y viven de la agricultura industrial que no genera trabajo, que contamina, etcétera.
Con este modelo de producción la humanidad ha ido perdiendo la diversidad de sus alimentos. Si vas al supermercado verás que nuestra alimentación está basada en tres o cuatro cultivos: el trigo, la soja, el arroz y el maíz y por ahí nos quedamos.
Hay una disminución de la base genética y esto también trae problemas a los agricultores porque ya no hay una gran variedad de cultivos y la calidad es menor.
-¿Qué pasará en Brasil, que ya era el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo, al aprobarse el proyecto de ley que busca ampliar el uso de venenos, algunos de los cuales han sido prohibidos en otros países?
-Es una demencia, porque ya tenemos una ley que regula el uso de agrotóxicos en toda la cadena del proceso, que es muy buena pero que no ha logrado sortear el poder económico que está involucrado.
Tanto es así que estas grandes corporaciones invierten en promover cambios en las legislaciones de los países donde operan, pero no producen en sus países de origen, porque allí ya se han dado cuenta del daño que generan y por lo tanto los prohíben.
En Estados Unidos y en Europa (regiones de origen de las corporaciones productoras de agrotóxicos) se está dando una lucha persistente y sistemática contra estos productos.
Francia ya implementó un marco temporal (hasta 2020) para el uso de agrotóxicos y de su corolario, los eventos transgénicos.
Acá en Brasil, pero también en América Latina, vamos en franco retroceso en este sentido. El proyecto de ley, conocido como “el paquete del veneno”, permite el uso de glifosato y otros agrotóxicos que la OMS ha declarado cancerígenos.
Este proyecto, entre otras cosas, propone cambiar el uso de la palabra agroquímico por productos fitosanitarios, un eufemismo que apunta a mostrar a estos venenos como si fueran remedios.
La bancada ruralista quiere acabar con las connotaciones negativas de la palabra agrotóxico. Es un grupo poderoso con infinitos recursos financieros, es un movimiento mundial que intenta comercializar los agrotóxicos de manera cada vez más intensa.
En esa lucha estamos, y no es nada sencilla.
Una investigación realizada en el norte de Brasil, en el municipio de Lucas do Rio Verde, Goiás, encontró vestigios de glifosato en 62 madres que estaban amamantando.
Es decir que la propia madre al amamantar está administrando veneno a su bebé.
Estas corporaciones no tienen ningún tipo de responsabilidad social. Las enfermedades resultantes de la exposición a agrotóxicos como el glifosato deberán ser tratadas por el sistema de salud público y seremos todos los brasileños y brasileñas quienes deberemos asumirlo.
El uso indiscriminado de agrotóxicos implica un costo social elevadísimo que no podemos admitir como sociedad.
-La composición actual del Congreso brasileño, extremadamente conservador y corrupto, con una bancada ruralista fuerte que impone su visión, no hacen el escenario fácil para los ambientalistas. Pero tampoco la izquierda se ha pronunciado a favor del cuidado del ambiente o de la soberanía alimentaria…
-La izquierda brasileña nunca se apropió de las cuestiones ambientales o ecológicas. De hecho la sociedad entera no lo hizo, al menos no de forma comprometida.
Los partidos de izquierda o de centro no enarbolan la bandera de la causa ecológica como política de Estado, mucho menos los de derecha. Eso no sucede en otros países, como los del norte de Europa.
Es necesario que el Estado se movilice y determine, junto con los movimientos sociales afines, políticas internas que se rijan por principios ecológicos.
Irónicamente el mejor ministro de Agricultura que tuvo Brasil, que generó una serie de políticas públicas orientadas a la defensa del ambiente y de la soberanía alimentaria fue José Sarney Hijo, un político de derecha.
-La articulación entre organizaciones de la sociedad civil es fundamental para enfrentar la mafia del agronegocio…
-Sin lugar a dudas tenemos que tejer alianzas con todos los movimientos sociales.
No hay forma de enfrentar este modelo sin ampliar el arco de alianzas con movimientos como el feminista, el de los quilombolas, los negros, los consumidores.
Miremos lo que sucedió con Monsanto, una transnacional que a través de los transgénicos y los agrotóxicos ha contaminado al mundo.
Ahora, luego de varios años de resistencia de los movimientos ambientalistas y sociales que denunciaron su accionar, se ha visto afectada económicamente.
Tuvo una caída sustancial de sus ingresos, lo que hizo que la alemana Bayer la adquiriera, no solo para sacarla del medio sino para apropiarse de sus patentes.
Lo que tal vez no calculó Bayer es que no le será fácil sacarse la mala publicidad que durante años los consumidores y los luchadores sociales le hicimos a Monsanto.
Este caso es una prueba de que como sociedad organizada tenemos nuestro poder. Y con el avance de las comunicaciones podemos internacionalizar con mayor facilidad nuestros combates.
Descubrir las fisuras de estas grandes corporaciones es el desafío, porque son extremadamente poderosas pero no invencibles.