En agosto de 2018, un sindicato docente (Agmer) y el Foro Ecologista de la ciudad de Paraná lograron que la justicia entrerriana fallara en favor de un recurso que habían interpuesto en defensa de los habitantes de la zona y que se prohibiera la fumigación terrestre con agrotóxicos a menos de mil metros de escuelas rurales de la provincia y la fumigación aérea a menos de 3.000 metros.
Los testimonios se habían acumulado sobre enfermedades –en algunos casos graves y muy graves padecidas por niños y adultos de la zona ̶ y la justicia local, caso raro en las provincias del corazón sojero de Argentina, se mostró sensible a esos padecimientos.
El gobernador Gustavo Bordet consideró que se trataba de una intromisión indebida en el andamiaje productivo de la provincia y respondió con decretos que desoían la resolución judicial, pero los tribunales volvieron a dar razón a las organizaciones sociales en cuatro ocasiones.
La Federación Agraria y la Sociedad Rural, que agrupan a grandes propietarios de tierras, salieron en defensa de Bordet, cortaron rutas, manifestaron ante los tribunales y llegaron a amenazar a los docentes y ecologistas.
El caso llegó hasta la corte de justicia provincial y allí la sensibilidad cambió de bando.
En vez de tener en cuenta los informes científicos independientes, por ejemplo de diversas universidades públicas argentinas, los jueces hicieron suyos los argumentos de la Casafe, la cámara empresarial a la que pertenecen las principales transnacionales del agronegocio, como Bayer, Monsanto, Syngenta, Basf.
Se consideraron válidas las deposiciones de Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, y Martín Alonso, director del Registro de Tumores de Córdoba pero vinculado a Bayer, y no de las de los universitarios que corroboraban los dichos de los denunciantes.
También se basaron en el documento “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”.
De acuerdo a Página 12, ese trabajo “fue invalidado por utilizar bibliografía sesgada (sobrevaloraba trabajos de Monsanto y restaba importancia a trabajos de científicos independientes), además de ser realizado por personas con conflictos de intereses”, algunas de ellas también vinculadas a la transnacional de origen estadounidense ahora propiedad de Bayer.
“Lamentablemente los intereses económicos, políticos y judiciales fueron muchísimo más poderosos”, declaró al diario Página 12 Rafael Lajmanovich, responsable de la cátedra de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral y especialista en el tema agroquímicos.
“Los jueces simplemente ‘confían’ en lo que les dice el gobierno de Entre Ríos. La salud de los niños, para ellos, se trata de una cuestión de fe”, dijo Damián Verzeñassi, integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Inssa) y responsable de una treintena de relevamientos sanitarios realizados en localidades en los que los agrotóxicos han causado estragos en la salud de los habitantes.