El fallo, del magistrado Andrés Marfil, se produjo tras una denuncia del Foro Ecologista de la ciudad de Paraná.
La gobernación, decidió la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, debe efectuar “los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta plausible extender esta práctica agrícola (las fumigaciones) sin afectar la salud humana de las personas protegidas” por otro fallo anterior de igual tenor incumplido por el gobernador.
El Estado debería avocarse “a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”, agregó.
La resolución judicial hizo que grandes productores y capitalistas locales agrupados en la Sociedad Rural, la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, pusieran el grito en el cielo.
“Hay mucha presión por parte de las entidades y el gobierno claramente representa a ese sector”, comentó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista, al diario Página 12.
Las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a menos de cien metros de las escuelas rurales habían sido permitidas por Bordet en enero pasado.
El decreto también había autorizado la realización de fumigaciones aéreas a menos de 500 metros de los centros educativos rurales.
Anteriormente, dos instancias judiciales habían dispuesto que las fumigaciones terrestres no podrían tener lugar a menos de mil metros de las escuelas y las áreas a menos de 3.000 metros.