La indignación y el dolor provocados por la lectura del artículo de Daniel Gatti con relación a la muerte de Fabián Tomasi Los muertos que vos matáis me llevaron a pensar en las complicidades existentes en este tipo de asesinatos. Pese a que son numerosos y variados, todos los cómplices tienen un denominador común. Beneficiar el modelo de producción agrícola que encabezan las transnacionales químicas fabricantes de agrotóxicos. Dentro de esa larga lista los gobiernos figuran en primerísimo lugar y su grado de responsabilidad puede calificarse de diferentes formas.
Tenemos el caso de Uruguay, donde su gobierno se declara en lucha frontal contra las llamadas enfermedades no transmisibles (ENT) y su presidente, el Dr. Tabaré Vázquez, ha sido distinguido por la Organización Panamericana de la Salud como “Héroe de la Salud Pública de las Américas” por su liderazgo en el combate al tabaco.
Mientras que su ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, manifestó en la Conferencia Mundial sobre las ENT celebrada hace un año en Uruguay, que las mismas tienen relación con hábitos y costumbres de vida, tales como el consumo de tabaco, la alimentación no saludable y la inactividad física.
Pese a que según la OIT un trabajador muere cada 30 segundos en el mundo debido a la exposición a productos químicos tóxicos, agrotóxicos, radiación y otras sustancias peligrosas, ninguna mención a estos factores de riesgo por parte del ministro.
Frente a los agrotóxicos el gobierno uruguayo se hace el distraído y mira para otro lado, resultando por lo tanto culpable por negligencia y omisión.
Distinto es el caso de Argentina, donde descansan los huesos de Fabian Tomasi, el director del Centro Regional BA Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Dr. Hernan J. Trebino, prohibió el pasado año el uso de la palabra “agrotóxicos” en sus comunicaciones oficiales por considerar que tiene una “valoración negativa”.
Cuatro de los entonces ministros del gobierno de Cambiemos presentaron el pasado agosto medidas para favorecer el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos.
Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) propusieron que no existan distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos peligrosos.
Barañao fue más lejos en su intento por justificar el modelo del agronegocio: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”, declaró.
Completando esta ignominiosa ofensiva, a los alumnos de las escuelas públicas se les enseña que los transgénicos son beneficiosos, que los agrotóxicos no envenenan y que el agronegocio –con la soja como principal cultivo– beneficia a la Argentina.
La resolución Nº 349 del Ministerio de Agroindustria del 28 de octubre de 2016, institucionalizó una práctica que venía del gobierno anterior consistente en que empresas y organismos oficiales trabajen en conjunto para impartir talleres, cursos y seminarios en escuelas las públicas. El programa en cuestión lleva el llamativo nombre de Escuelagro.
Dejando en claro a quién beneficia dicho programa, un comunicado de prensa del gobierno anunciaba en junio de 2017 que “Los ministerios de Educación y Agroindustria impulsarán la educación agraria en todo el país”, para lo cual se firmó un acta de compromiso con 45 empresas, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) organización sindical a la que sus afiliados deberán calificar y juzgar.
“Biotecnología y mejoramiento vegetal” es el título de uno de los manuales utilizados por Escuelagro y está editado por Argenbio, organización fundada por las empresas Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer.
En él los alumnos se enteran que el insecticida Raid (de uso hogareño y fabricado por Jhonson & Son) es más tóxico que los utilizados en el campo y según información aportada por Basf, el glifosato es igual de tóxico que el Lisoform (desinfectante de Jhonson & Son)1.
El gobierno argentino –como el de Brasil y tantos otros– resulta culpable con premeditación y alevosía.