También cabe la pregunta porque nos han condenado a tener que vivir del petróleo y otros minerales, incluso a costa de graves daños ambientales.
Además del desastre industrial y agropecuario de los últimos treinta años, en los que terminamos importando una porción enorme de los bienes industriales y agropecuarios que se producían y pueden producirse en el país, hoy por hoy están en problemas lo que queda de las confecciones, los textiles y el calzado, entre otros.
Y en el agro ya desaparecieron productos, víctimas de cerca de 14 millones de toneladas de importaciones, se encuentran al borde de la quiebra el arroz y los lácteos y están amenazados la caña de azúcar, ya golpeada por el alcohol carburante estadounidense, y la palma aceitera, que además también pueden desaparecer si se concretan tratados como el TPP.
En un país menos confundido que este, en el que la política económica no puede ni discutirse porque nos la imponen desde afuera con la ayuda de tres o cuatro intermediarios nativos, este sería un debate de importancia nacional y de primeras planas. Pero no.
Aquí, con toda impunidad, el gobierno y sus corifeos sientan cátedra a pesar de que las cifras les contradicen sus falacias, al tiempo que echan carreta sobre lo mucho que desean generar empleo. ¿Trabajo en serio sin desarrollo industrial y agropecuario, y reduciendo más el ingreso de los empleados, de modo que los productores no tengan ni a quién venderle?
Es tal la desfachatez con la que gobiernan, que actúan sin importarles que desaparezcan la industria y el agro porque consideran al petróleo y la minería suficientes para pagar la deuda externa y las importaciones hasta de lo que podemos producir, posición que no es la política económica y social que asumen los países que dicen imitar.
No es que no pueda haber petróleo y minería si se explotan adecuadamente, cuidando el ambiente y con otras condiciones, pero eso no les quita su carácter de no renovables, lo que significa que están condenados a desaparecer, en tanto agro e industria pueden servirnos para siempre. Y cuando se da una bonanza petrolera como la última, se despilfarra en politiquería y corrupción y sirve, como sirvió, como ariete contra la producción industrial y agropecuaria, empeorando también la inmensa debilidad exportadora del país.
Y nos toca padecer a los voceros de los importadores pavoneándose como sabios y hasta maltratando a los productores urbanos y rurales porque no logran competir, en tanto, astutos, callan que quienes producen aquí pierden en la competencia internacional, no por su culpa, sino porque el costo-país de Colombia es altísimo, por lo caro del crédito bancario, cuando se consigue, y de la electricidad, los combustibles y el impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas, entre otras razones.
Y además los arruina un contrabando financiado con la plata del narcotráfico que el Estado solo persigue en los sainetes con los que engatusa a la gente.
Es ese mismo alto costo-país el que no permite exportar más allá de lo que se despachaba antes de la apertura y los TLC. Atérrense ustedes, treinta años después, más del 70 por ciento de lo que hoy se exporta son los mismos productos básicos que se exportaban en 1990 y que no necesitaban de libre comercio para haberse seguido vendiendo en el exterior. La estafa del libre comercio ha sido descarada, sin miramiento alguno.
Nota del Editor: Esta columna fue publicada el 14 de febrero de 2020 en el portal del senador Jorge Robledo. Intertítulo pertenece a la Rel.