“Es cierto, lloré”, escribió en su Facebook la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, que había propuesto la amnistía, “porque luchaba por algo en lo que creía desde un principio, porque cerré el círculo de una vida que no es sólo mía, sino la de muchas mujeres y hombres como yo que han trabajado en los campos”.
Bellanova, que nació en la región meridional de Apulia en 1958, comenzó a trabajar como temporera en explotaciones agrícolas cerca de Brindisi a la edad de quince años.
Afirma que vio morir a muchachas de su edad a causa de las duras condiciones de trabajo. Fue durante años sindicalista antes de ser elegida parlamentaria en 2006.
La mayoría de las medidas de la “ley de relanzamiento”, con un presupuesto de 55.000 millones, van encaminadas a apoyar a los ciudadanos italianos, pero las propuestas destinadas a los migrantes indocumentados son las que provocaron mayor controversia.
Figuras destacadas del Movimiento Cinco Estrellas, el partido mayor del gobierno de coalición, se opusieron a su inclusión (Bellanova es miembro de Italia Viva, la formación centrista de Matteo Renzi que se escindió del Partido Demócrata el año pasado). Matteo Salvini, el dirigente de la oposición de extrema derecha, la Lega, amenazó con protestas callejeras si el plan seguía adelante.
Bellanova declaró que dimitiría si no se aceptaba su propuesta. Demostraba que “el Estado es más fuerte que la mafia y el trabajo esclavo”, afirmó, y permitiría que la gente “recuperase su identidad y su dignidad”.
También contribuirá a impedir que se pudran este verano las cosechas en los campos italianos. Cerca de 200.000 temporeros, la mayoría de los cuales proceden del Este de Europa, no pueden viajar en este momento debido a las restricciones de la Covid-19.
Otros países se enfrentan a problemas semejantes: en semanas recientes cientos de trabajadores agrícolas rumanos han llegado al Reino Unido en vuelos chárter, y miles a Alemania. Bélgica ha concedido mayor acceso al mercado de trabajo a los demandantes de asilo, y España ha facilitado a los inmigrantes trabajar en sus explotaciones agrícolas.
Estas medidas son temporales. La amnistía de Italia concede el derecho a solicitar permisos de trabajo de seis meses; se estima que hay medio millón de inmigrantes indocumentados en Italia, muchos de los cuales trabajan en explotaciones agrícolas, aunque el gobierno ha declarado que espera que sean bastantes menos los que puedan optar a la regularización, pues sólo pueden solicitarla aquellos que cuyo permiso de trabajo haya caducado desde octubre de 2019.
Muchos de los trabajadores migrantes que están mal pagados, de los que abusan las mafias y que viven en poblados chabolistas sin agua corriente, no verán ningún cambio.
Por sí misma, la nueva política no resuelve un problema central: los alimentos que comemos son baratos porque los cosecha una fuerza laboral a la que puede disciplinarse para que acepte bajos salarios y condiciones degradantes.
Las restricciones a la inmigración y las situaciones de limbo prolongado, facilitan esa explotación. Pero la amnistía de Bellanova debilita, de momento, un componente crucial del sistema.
Aboubakar Soumahoro sindicalista italiano que procede originariamente de Costa de Marfil en años recientes se ha convertido en una voz destacada desafiando la deriva xenófoba de la política italiana. Su sindicato ha convocado una huelga de trabajadores agrícolas migrantes para sacar a la luz a la gente excluida de la amnistía.
“Para el gobierno somos invisibles”, declaraba en un video colgado hace unos días. “También seremos invisibles en los campos”.
Tomado de Sin Permiso
NdE: destacados nos pertenecen
