En los años noventa el arroz y el algodón fueron cultivos perseguidos por el contrabando y por los bajos precios. Con los tratados de libre comercio, las amenazas son aún mayores, con el agravante de que ya no hay tierras libres para colonizar.
Acaba de aparecer el texto de Oxfam “Efectos del TLC Colombia-Estados Unidos sobre el agro. Cifras y personajes”, publicación que muestra la realidad económica y social que enfrenta el campesino.
El manejo de las cifras —frías, precisas, incontrovertibles— que hace uno de sus autores, Fernando Barberi, evidencia cómo ha sido golpeada la economía campesina desde las firmas de esos tratados que tanto se mendigaron.
La balanza comercial colombiana con Estados Unidos disminuyó en más de 4.000 millones de dólares un año después de la entrada en vigencia del TLC, y en 10.500 millones de dólares dos años después.
Mucho de este déficit fue causado por las importaciones baratas de productos agrícolas y por la elevación de precios de los insumos producidos por Estados Unidos.
Para completar, las deudas con los bancos tienen a miles de parceleros a punto de perder sus tierras.
Prácticamente trabajamos para los bancos, para pagar los insumos y los impuestos, dicen, entrevistados por Aurelio Suárez. Es muy probable que un campesino parcelario o un colono trabajen muy por debajo del salario mínimo.
El panorama es desmoralizador, sobre todo si se mira hacia delante, es decir, hacia las posibles soluciones agrarias que se pueden desprender de los acuerdos de paz que se están negociando en La Habana.
Tal como se deduce del Plan de Desarrollo, el gobierno privilegiará el modelo de las alianzas productivas.
El modelo agrario que ya se está echando a andar es hermano gemelo de los de la gran minería y de la gran ganadería: extractivismo pura sangre.
A los campesinos les podrán titular algunas tierras que ya trabajan y devolverles otras que les fueron arrebatadas, e incluso, siendo magnánimos, el gobierno puede tolerar media docena de reservas campesinas.
Pero ¿qué futuro tienen estas formas de defensa de la economía campesina con los TLC vigentes?
El gobierno de Juan Manuel Santos dejó fuera de la mesa de La Habana la política económica, y mientras ella rija, maniatada por los TLC, el campesino será siempre un personaje que agríe la fiesta.
La oposición a la fumigación de cultivos ilícitos crece. Una veintena de ONG, entre ellas Wola y Change, están recogiendo firmas para apoyar la recomendación del ministro de Salud Alejandro Gaviria.
Los precandidatos partidarios del ex presidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa y el procurador insisten en que sin glifosato nos ahogaríamos en coca.
Se niegan a ver que los cultivos ilícitos florecen porque los legales se marchitan. La fumigación con glifosato es una palanca útil para desplazar campesinos, como lo fueron las motosierras.