Recordemos que Herminio fue un educador, asesor sindical y dirigente comunista hondureño asesinado en 1983 por el Batallón 3-16, una unidad del Ejército que operaba como un escuadrón de la muerte.A pesar de que sus asesinos (o algunos de ellos) fueron identificados, su asesinato permanece impune. Un militar, Marco Tulio Regalado Hernández, fue detenido por el crimen en 1999 y condenado a 12 años de cárcel, pero apenas cumplió cuatro. Ningún otro mando castrense fue acusado.

Es más: la familia de Herminio también ha sido víctima del terrorismo de Estado, sufriendo persecución, detenciones, tortura y exilio.

En 2002, familiares de Herminio presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi 18 años después, la Comisión elevó el caso ante la Corte IDH, que lo trató el 10 y el 11 de mayo.

La Rel UITA se hizo presente para secundar la iniciativa al entender que se está ante un caso clave para atacar de una vez por todas a “la cadena de poder fáctica que controla y maneja el sistema de justicia en Honduras, que nunca permitió que se escuchara a las víctimas, ni que se investigara y castigara a los victimarios”, como dijera Bertha Oliva, presidenta del Cofadeh, organización con quien hemos firmado un acuerdo de colaboración en 2018.

Herminios hubo muchos: al menos 184 dirigentes populares desaparecieron y otros cientos más fueron asesinados en los años ochenta por las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares.

Durante décadas, el Estado de Honduras ha negado su responsabilidad en esos delitos de lesa humanidad.

Es hora ya de que la asuma, y tenemos la oportunidad de lograr que lo haga.