Guatemala | MUJER | LGBTI
Ante la ley antiaborto y anti colectivo LGBTI
La reacción de la UITA y sus aliadas
El 8 de marzo el diputado Aldo Dávila enviaba el siguiente mensaje: “acaban de aprobar el decreto 18-2022 (Ley de Protección de la Vida y la Familia), que condena con mayor severidad a las mujeres que aborten y además es un ataque bestial al colectivo de la diversidad sexual”.
Gerardo Iglesias
18 | 04 | 2022
Foto: Nelson Godoy
En efecto, la norma mencionada incrementaba las sanciones ante cualquier tipo de aborto, elevando de tres a 10 años la pena máxima de cárcel; rechazaba la diversidad sexual, prohibiendo hablar del tema en las escuelas; estipulaba la reforma del Código Civil para “prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo”, negaba a las personas del mismo sexo la posibilidad de casarse, entre otras aberraciones jurídicas y civiles.
La naturaleza y alcances de la ley −presentada por primera vez en abril de 2017 por un grupo de parlamentarios autodenominado “provida”− confirman el alarmante avance del fundamentalismo religioso, ultraconservador, patriarcal que va infiltrándose con intensidad a toda la sociedad, como también al ámbito político.
Luego de la llamada de Aldo Dávila hablamos inmediatamente con Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MDJH) y asesor de la Rel UITA, y con Gisele Adão, vicepresidenta del Comité de Trabajadoras y Trabajadores LGBTI y Aliados de la UITA, acordando implementar diferentes acciones.
Por su parte, el Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (Clamu) se sumó inmediatamente, y desde Guatemala, Honduras y Brasil llegaron las primeras reacciones respaldando a las organizaciones feministas movilizadas y grupos de género diverso.
Una comisión del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central SA (STECSA, Coca Cola) entregó en la Secretaría Privada de la Presidencia la nota que la Regional dirigió al presidente de la República.
En la misma, entre otros puntos, manifestamos: “Consideramos, al igual que lo hizo el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, que el 8 de marzo se constituyó en un día trágico para los derechos humanos en su país, en función que la norma aprobada criminaliza y pone en riesgo a las mujeres y a las personas LGBTI”.
Además, consignamos: “Hacemos también nuestras las consideraciones de asociaciones civiles para quienes esta ley promueve el odio, la violencia y la discriminación de la comunidad LGBTI en el ejercicio de sus derechos y libertades”.
Un capítulo aparte fue la iniciativa surgida en la actividad de capacitación y confraternidad organizada por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba, Argentina, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Luego del informe del Clamu sobre la ley guatemalteca y sus efectos, que configuran una violación de derechos y un retroceso para la libertad, las compañeras pasaron espontáneamente del asombro a la acción, surgiendo la idea de manifestar y registrar en imágenes su rechazo.
Las 350 mujeres sindicalistas participantes del encuentro en Argentina tomaron la iniciativa de fotografiarse con un cartel en el que se podía leer: “No al decreto 18-2022 y a la Ley 5272 en Guatemala”.
La presión nacional e internacional fue impresionante y el martes 15 de marzo la normativa fue archivada con el voto a favor de 119 diputados, pero con seguridad vendrán nuevos intentos de limitar derechos y tendremos que estar atentos.
