Brasil | SINDICATOS | EDITORIAL
¿Por qué derogar la reforma laboral,
como lo hizo España?
La reversión parcial de la reforma laboral en España, concretada esta semana, trajo esperanzas a los trabajadores brasileños. Sobre todo porque tiene lugar en pleno período preelectoral, en momentos en que el precandidato que encabeza las encuestas, el ex presidente Lula, afirma que tiene la intención de repetir en Brasil la experiencia ibérica.
Artur Bueno Júnior
Foto: Gerardo Iglesias
En España, la reforma laboral se llevó a cabo en 2012, cinco años antes que la brasileña.
En los diez años transcurridos, el 25 por ciento de los contratos laborales del país pasaron a ser temporales, precarios y sin la debida protección social.
Cuando el gobierno del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, emprendió negociaciones con partidos políticos, sindicatos y empleadores para modificarla, el caos social asomaba. La miseria invadía las casas de las familias.
Aquí, en un tiempo menor, ya hemos cosechado frutos muy similares. La desregulación laboral no generó un solo empleo, lo que puede ser confirmado por la actual tasa de desempleo medida por el IBGE.
Incluso, parte de los pocos puestos de trabajo creados pueden ser atribuida al llamado contrato intermitente, donde el trabajador solo cobra si logra ser convocado para alguna tarea.
Daños irreparables
La tercerización de las actividades finales, otra distorsión impuesta por la reforma laboral, continúa provocando daños sociales irreparables. Al igual que el trabajo intermitente, erosiona el contrato de vínculo, el plan de carrera, el sustento de las familias y el desarrollo social.
Si en cinco años ya hemos visto sus perjuicios, cuando se cumplan los diez, como ya ha sucedido en España, no quedará piedra sobre piedra.
Pero lo peor de todo es el ataque frontal a las representaciones sindicales.
Promoviendo una negociación individual empleador-empleado, excluyendo a la organización sindical del proceso de rescisión contractual del trabajador despedido, y principalmente tratando de destruir el financiamiento de la estructura sindical, la reforma dejó al trabajador a merced de la más precaria de las situaciones, y provocó un desequilibrio de fuerzas en la mesa de negociaciones.
Ello se ha traducido, por ejemplo, en hechos como la muerte del congolés Moise Kabagambe, asesinado a golpes en el litoral de Río de Janeiro la semana pasada. Su único delito había sido pretender cobrar los dos días que había trabajado.
¿Qué país queremos?
En resumen: no necesitamos otros cinco años para darnos cuenta de que es hora de revertir este proceso. Un proceso que, empezando por la adopción parlamentaria de la ley, estuvo siempre rodeado de arbitrariedades.
La brasileña es una reforma aprobada a las corridas por un Congreso Nacional servil a un Ejecutivo enemigo de los trabajadores.
Nuestra intención de revertir esta terrible legislación no debería sorprender. Al fin y al cabo, garantizar un trabajo digno siempre ha sido un objetivo de la izquierda brasileña y de los políticos comprometidos con la clase obrera.
Tampoco debería sorprender en lo más mínimo que las grandes empresas y los grandes medios, así como los políticos conservadores, la defiendan con uñas y dientes.
Todos ellos se aferran al mismo discurso, el del llamado impuesto sindical, para desacreditar a quienes se atreven a cuestionar los efectos nocivos de la legislación creada en 2017.
Ignoran el argumento de los sindicatos, que en su mayoría no defienden la devolución del impuesto sino la soberanía de las asambleas y el derecho de los trabajadores a expresar su opinión sobre el financiamiento de la estructura de su organización sindical y a ser protegidos.
Un país que se deshumaniza y produce miseria sólo podrá cosechar crisis cíclicas y rebeliones movidas por la desigualdad.
Las familias que no logren un sustento ni un futuro para sus hijos serán las futuras fuentes de mendicidad y criminalidad.
¿Queremos ser un país así?
Es innegable que necesitamos modernizar nuestras relaciones laborales. Pero se necesita una reforma que genere empleos de calidad y regule de manera responsable las nuevas formas de trabajo, como las plataformas digitales o el teletrabajo.
Conviene, en conclusión, seguir el ejemplo de los españoles.