Fotos: CONTAGEl asesinato de Zé do Lago, su esposa y su hija, defensores del ambiente, se sumó al escalofriante número de muertos a menos de un mes del inicio de este año.
Según Alessandra no se puede hablar de este tema sin remitirse al golpe constitucional contra Dilma Rousseff en 2016.
“Desde entonces se dio un incremento alevoso de la violencia, del odio por parte de los terratenientes hacia los campesinos sin tierra, contra los indígenas, los quilombolas, y todo aquel que defienda los derechos humanos y el ambiente”, afirma.
Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra indican que entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021 hubo 30 por ciento más de casos de violencia en conflictos agrarios, con el agravante de que la crueldad en los asesinatos también aumentó.
“A partir de 2016 el número de muertes violentas en el campo no solo aumentó en cantidad sino en la saña de los perpetradores: decapitaciones, entierro en el propio patio de las víctimas y masacres familiares, como fue el caso de Zé do Lago”, explica Alessandra.
Para la abogada lo que ha propiciado este crecimiento en la violencia hacia defensores y defensoras es la legitimación y justificación que hace el Ejecutivo federal de esos hechos.
“El gobierno de Jair Bolsonaro tiene un discurso que favorece al agronegocio, que no preserva vidas, ni florestas, ni comunidades originarias, ni cultura”, subraya.
“En Brasil existe una legitimación de la violencia en el campo amparada por la total falta de iniciativa para castigar a los responsables y porque en muchos de los casos es el propio Estado el que ejerce esa violencia”.
Sobre el asesinato de Zé do Lago y su familia, Alessandra informó que no existen indicios siquiera de quiénes fueron los autores materiales del crimen, mucho menos los mandantes.
La familia fue ultimada a balazos la primera semana de enero en la localidad de Sao Félix do Xingú, en Pará, y según parece será uno más de los cientos de casos que permanecerán en la impunidad.
“Además de los asesinatos, que son la última forma de la violencia, están las otras: amenazas, hostigamiento, atentados y expulsiones contra campesinos y defensores por parte de pistoleros contratados por terratenientes pero también por miembros de las fuerzas públicas”.
Alessandra recuerda un caso sucedido en octubre pasado, cuando policías militares dispararon contra un grupo de campesinos que se negaban a desocupar parcelas de tierra otorgadas por la reforma agraria.
El acto fue, además de ilegal, cobarde pues los policías arremetieron con armas de alto calibre desde un helicóptero. Como saldo dos campesinos fallecieron y otros fueron heridos.
La Sociedad Maranhence de Derechos Humanos (SMDH) nace en la época de la dictadura militar con un trabajo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.
Con el tiempo fue asumiendo también el rol de monitorear y fortalecer las comunidades afectadas por la violencia de terratenientes y estado.
La SMDH actúa en el proceso de emancipación de estas comunidades y movimientos sociales en búsqueda de la autodefensa y la prevención de los conflictos en el campo.
“Muchas veces tenemos que sacar a las personas que son amenazadas para evitar que las maten. Todavía ese es uno de los principales trabajos que realiza la SMDH. Son estrategias de protección ante las amenazas que no son otra cosa que la antesala de los asesinatos”, dice la activista.
El año 2022 arrancó de la peor manera para los militantes ambientalistas y los pueblos originarios.
“En lo poco que llevamos de 2022 −prosigue Alessandra− hubo 12 casos de violencia en el campo, con siete asesinatos, lo que nos da una pauta que este año electoral va a estar marcado por la violencia.
Será la forma que tiene el actual gobierno de demostrar que no sólo dispone del control de la estructura parlamentaria sino también de las armas y la fuerza para arremeter contra el pueblo.
Esperamos que con las elecciones el país pueda retomar un rumbo más progresista y de defensa de sus ciudadanos y ciudadanas. El gobierno que tenemos ahora es de corte claramente fascista”, concluyó.
