Foto: Gerardo Iglesias“Esta decisión es trascendental para la preservación de los maíces nativos y la milpa, pero también para el sector apícola y para las abejas mismas, como parte de la biodiversidad, que han sido severamente afectadas por el ingreso de los transgénicos como la soya y el maíz, al igual que el uso de agrotóxicos como el glifosato”, comentó la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de octubre, confirma una resolución de 2016 que había sido apelada por las empresas transnacionales argumentando, entre otras cosas, que iba en contra de “los principios de seguridad jurídica y discrecionalidad”.
Los cultivos genéticamente modificados no son nuevos en México. Los primeros, de tomates, remontan a 1988 y luego se extendieron a maíz, soja y algodón.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte que México firmó en 1994 con Estados Unidos y Canadá favoreció su extensión.
Pero al acumularse pruebas de la contaminación que generaban, fundamentalmente el maíz, su prohibición comenzó a ser reclamada por distintas asociaciones.
En 1998, la Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola pidió una moratoria de la siembra de maíz transgénico para no seguir afectando a las plantaciones tradicionales de un cereal originario del país cuyo cultivo ocupa a cientos de miles de familias desde hace siglos.
Cuatro años después la Red de Defensa del Maíz exigió lisa y llanamente la prohibición de los cultivos genéticamente modificados.
Pero nada pasó hasta muy recientemente, para beneficio de las grandes transnacionales. En 2004, bajo el gobierno de Vicente Fox, se aprobó una disposición que no en vano fue conocida como “ley Monsanto”.
Hacia fines de la primera década de este siglo controlaban el 80 por ciento del mercado de semillas mexicano.
“Sigue pendiente, sin embargo, dice una nota publicada en el portal de Periodistas de a Pie, la modificación del ordenamiento legal para realmente garantizar la protección del maíz nativo de los cultivos transgénicos y acceder a una reparación del daño por parte de las empresas que desde la década de los ochenta han atentado contra la vida en el campo mexicano”.
