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Una ley multará a empresas y proveedores que violen los derechos humanos

“Un día histórico, contra la explotación laboral”

El gobierno alemán presentó un proyecto de ley que pretende responsabilizar a las empresas de las violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Los ministros que participaron en la conferencia de prensa que la anunció la describieron como “la legislación más fuerte de Europa contra la explotación laboral”.

Carlos Amorín y Gerardo Iglesias

“Un día brillante para los derechos humanos”: Así calificó el gobierno alemán el momento en el que presentó al Parlamento su proyecto de ley por el cual regulará las cadenas de suministros.

Cuando la ley sea aprobada, las empresas importadoras deberán garantizar que se abastecen en orígenes donde los materiales utilizados y las condiciones de trabajo de quienes producen el objeto de importación sean sostenibles, esto es, donde no sean perjudicados los trabajadores y el medio ambiente.

Tres ministros comparecieron ante la prensa y declararon que se trata de una iniciativa que estaba pendiente desde hace un tiempo.

Hubertus Heil, titular de la cartera de Trabajo, explicó que el texto “trata sobre la responsabilidad que deben tener las compañías con sus proveedores, y del respeto a los derechos humanos. También en cadenas de abastecimiento global y en el ámbito laboral”.

Según informó la televisión alemana Deutsche Welle, “La ley no fue recibida por todos con igual beneplácito: grupos empresariales advierten que la medida puede afectar la competitividad de compañías con sede en Alemania”.

Y citó el ejemplo de Volkswagen, que tiene más de 40 mil proveedores alrededor del mundo, y “supervisarlos a todos puede ser muy costoso”, argumentaron los empresarios.

El gobierno alemán, por su parte, sostiene que la medida ayudará a proteger a la población más vulnerable.

“Hablamos, por ejemplo, de muchos niños que se ven obligados a trabajar en fábricas textiles de Bangladesh o en minas de oro de Burkina Faso. La mitad son menores de 12 años”, afirmó Heil.

Si bien aún no se han establecido las multas que se aplicarán, los ministros aseguraron que podrían llegar a millones de euros. Está previsto que la ley llamada “de la cadena de suministros” entre en vigor en 2023.

El gobierno germano también podría agregar a su lista a varias de las más importantes productoras y exportadoras de piña de Costa Rica, como Dole, Del Monte y otras.

En Dole, particularmente, hemos informado recientemente del caso de Cándido Amador, un trabajador de la Finca Muelle perteneciente a esa corporación, que a pesar de sufrir problemas cardíacos y contar con la recomendación médica de ser trasladado a un puesto de trabajo donde no esté expuesto a los agrotóxicos, es mantenido por la compañía en las mismas tareas con el pretexto de que “es un muy buen trabajador”. Esto es, muy productivo.

En esa misma finca, esta semana otro trabajador sufrió la amputación de un dedo, pero pasadas 72 horas aún no había logrado que la empresa Finca Muelle le proporcionara la documentación necesaria para ser atendido en un centro de salud. La compañía le exige que presente testigos de que sufrió la amputación durante el trabajo.

Este tipo de maltratos, y aún peores, son habituales en los cultivos de piña de Costa Rica, donde las entidades estatales de contralor se mantienen prácticamente al margen de la violación sistemática de los derechos humanos que padecen los trabajadores, en un 80 por ciento inmigrantes, y numerosos indígenas que se desplazan hacia las plantaciones para obtener un sustento.

Fuente: DW