Esmerados en presentar a los propietarios como una humilde familia inocente que vive amorosamente indefensa en la pradera de Gobernador Udaondo, omiten deliberadamente aclarar que los dueños de Lácteos Mayol han violado de manera sistemática y recurrente los derechos más elementales de sus trabajadores y familias, y han competido deslealmente con el resto de las empresas del sector que sí cumplen con la ley.
La “Familia Ingalls” pauperiza y maltrata a sus trabajadores, sin respetar ni cumplir elementales condiciones de higiene y seguridad (lo que repercute, claro, en los alimentos que elaboran y consume la población) manteniéndolos precarizados, fuera de convenio -esto lo ha reconocido públicamente-, en negro, sin abonarles horas extras y evadiendo al fisco.
Tampoco les reconocen el trabajo de sábados y domingos, ni les entregan debidamente ropa de trabajo y elementos de protección,
Estos reiterados incumplimientos de larga data han sido motivo de innumerables reclamos a lo largo del tiempo sin que la empresa se avenga a cumplir con la ley.
La “Familia Ingalls” ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo provincial.
Nadie se movilizó cuando la empresa violaba la ley, pero se escandalizan cuando el trabajador organizado defiende sus derechos, tratando a sus dirigentes de lacras, mafiosos, apretadores, ladrones, porque ese es el concepto que estos sectores reaccionarios tienen de los empleados y trabajadores de cualquier actividad.
Ni qué hablar cuando -arrasando todo precepto constitucional y legislación laboral derivada del 14 bis de la Constitución argentina-, algún político trasnochado -y de copas- propone abiertamente un regreso a la esclavitud argumentando que como la empresa no puede competir con otras, ¡que pague lo que pueda! ¡Insólito!
Como era de esperarse, la “Familia Ingalls” actúa de manual: se victimiza −en idéntica actitud de los que ejercen violencia familiar a puertas cerradas− trata de desacreditar la misión de los representantes de los trabajadores por medio de la calumnia, argumentando que buscan otra cosa; realizan infundadas denuncias, esforzándose por convertir el reclamo laboral en una cuestión penal.
En su larga trayectoria en defensa y protección de los derechos laborales de sus afiliados, ATILRA cuenta, lamentablemente, con compañeros asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, e innumerables persecuciones políticas de gobiernos neoliberales.
Ni la empresa es la “Familia Ingalls” ni el sindicato es la mafia. Solo se trata de cumplir con las leyes laborales.
En este sentido, y a instancias del Ministerio de Trabajo provincial, se irá recorriendo el camino conciliatorio, dependiendo su resultado de la voluntad y predisposición de la empresa para regularizar la situación de sus trabajadores, encuadrándolos dentro del marco legal correspondiente.
