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Con Silvia Ribeiro
Glifosato y transgénicos en la cuna del maíz
El 31 de diciembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó un decreto que, aparentemente, prohíbe el glifosato y el maíz transgénico, demandas que sostienen los movimientos campesino-indígenas y ambientalistas en México. La reconocida investigadora Silvia Ribeiro sostiene que no es así y que la guerra por las tierras campesinas sigue su curso.
Raúl Zibechi
Foto: Gerardo Iglesias
El decreto del gobierno de México establece en el primer artículo “las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades de la administración pública para sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato”.
Marca un periodo de transición hasta el 31 de enero de 2024 “para lograr la sustitución total del glifosato”.
La Red en Defensa del Maíz publicó el 2 de febrero un análisis del decreto en el que sostiene que en ningún momento se prohíben ni el glifosato ni el maíz genéticamente modificado.
La Red destaca la “ambigüedad” del decreto, ya que deja en manos de los funcionarios de algunas dependencias la aplicación de las medidas, porque además “en ningún lado aparece la noción de que se está prohibiendo algo”.
El decreto presidencial dejará de utilizar glifosato apenas “en el marco de programas públicos o cualquier otra actividad de gobierno”, dejando a la iniciativa privada, la que verdaderamente utiliza el agrotóxico en gran escala, por fuera del alcance de la normativa.
La Red en Defensa del Maíz dice que tenía la expectativa de que se pudiera proteger la agricultura “a partir de un verdadero plan que frenara el lacerante envenenamiento que se sufre en regiones del país donde los niveles de agrotóxicos son tales que el 100 por ciento de muestras de orina que se tomaron en niños en edad escolar resulta positiva para glifosato, y donde hay enfermedades graves y colectivas que sólo se explican debidas al envenenamiento agroindustrial”.
Para profundizar sobre este decreto y las razones que llevan al gobierno de López Obrador a dar este paso que no conforma a los movimientos populares consultamos a Silvia Ribeiro, directora para América Latina del grupo ETC (dedicado a “monitorear tecnologías” y “vigilar al poder”), periodista y activista en defensa social y ambiental.
“Como tantas cosas que hace, López Obrador intenta estar bien con todos aparentando que está preocupado por los temas”, dice.
En México “hay mucha preocupación por el maíz transgénico y los agrotóxicos, tanto por parte de campesinos como de académicos e intelectuales. La inmensa mayoría de las personas no quiere maíz transgénico por la relación cultural histórica con el maíz, porque México es el centro de origen del maíz y porque es una parte fundamental de la alimentación”.
Explica que el cultivo de maíz transgénico está suspendido desde 2013, pero no está prohibido.
“El gobierno busca responder a esa presión social y hacer como que cumple una de sus principales promesas de campaña”, revela Ribeiro.
El glifosato “ha sido el agrotóxico más usado en la historia de la agricultura. Es barato, en este momento es un genérico porque ya caducó la patente de Monsanto y se usa para todo, es de amplio espectro. Con la notable expansión de su empleo, la crítica se les ha hecho imposible de contestar”.
En 2015 la OMS consideró al glifosato de alta peligrosidad y lo asoció al cáncer.
“Frente a esta declaración de la OMS, la industria implementa una estrategia para sustituir el glifosato con otros agrotóxicos. Este decreto va en esa dirección, ya que abre las puertas para otros químicos peores aún”.
Ribeiro no tiene dudas que la industria de los agrotóxicos sabe que el glifosato tiene fecha de caducidad.
“En Argentina ya generó 40 malezas resistentes que no las puede combatir y en los demás países está sucediendo algo similar. Desde el punto de vista de la industria, el camino consiste en cambiar los químicos que se utilizan, pero en modo alguno disminuirlos”.
El decreto gubernamental mexicano dice defender el trabajo de los campesinos, argumento que también utiliza la industria, pero busca contemplar todos los intereses, aunque sean antagónicos.
“En el único lugar de todo el decreto donde dice que se pone fin al glifosato es en los programas del gobierno. Eso está muy bien, pero en el conjunto significa un porcentaje muy pequeño. El problema mayor del decreto es que confunde, porque la gente piensa, por cómo está redactado y por lo que se dice en los medios, que se han prohibido el glifosato y el maíz transgénico, cosa que no es cierta”.
La Red en Defensa del Maíz fue creada en 2001 cuando se encontró por primera vez maíz campesino contaminado por transgénicos en el estado de Oaxaca.
Se hizo una gran asamblea en la que participaron casi todas las organizaciones campesinas e indígenas, el Primer Foro en Defensa del Maíz, que dio vida a la Red.
“Pero con los años sólo quedan comunidades campesinas e indígenas y algunas ONG”, explica Ribeiro.
-El comunicado de la Red en Defensa del Maíz asegura que existe una guerra contra el campesinado. ¿Se puede decir que es una guerra estructural, que el sistema no puede sobrevivir sin atacar al campesinado?
-El 70 por ciento de la población del planeta basa su alimentación en los productos de la agricultura campesina.
La agricultura industrial, que abastece sólo al 30 por ciento de la población y utiliza el 70 por ciento de los recursos, lo hace produciendo una gran cantidad, desperdiciando una enorme cantidad y produciendo basura, mucha comida industrializada que enferma.
La industria, para seguir creciendo, debe apropiarse de las tierras campesinas e indígenas y muchas veces lo hace por la fuerza.
Pero a eso se le suman todos los demás proyectos, que también necesitan expandirse, como la minería, la forestación y las grandes obras de infraestructura.
Entonces todos aquellos que hoy tienen territorio están siendo presionados porque tienen tierra o simplemente porque viven sobre recursos que la industria necesita.
