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Cómo se financió el golpe
Las compañías extranjeras que siguieron haciendo negocios con los militares y sus compinches
financiaron este ataque a la libertad en Myanmar.
Hidayat Greenfield, secretario regional UITA Asia-Pacífico
En 2019, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Myanmar del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró que la impunidad de los militares de Myanmar está directamente vinculada a su capacidad de operar con independencia de todo presupuesto gubernamental.
A través de una amplia red de empresas de propiedad militar que abarcan desde la minería, plantaciones, ingenios azucareros, la fabricación de bebidas, pasando por el transporte, las telecomunicaciones, la banca, los seguros y hasta las aerolíneas, la hotelería y el entretenimiento, las fuerzas armadas tienen su propia fuente de poder económico. También tienen socios comerciales cercanos.
El informe de la ONU identificó a 45 organizaciones y «compañías amiguistas» en Myanmar que donaron más de 10 millones de dólares para apoyar las operaciones de limpieza étnica llevadas adelante por el ejército en el estado de Rakáin en 2017.
Esas mismas compañías financiaron proyectos de desarrollo de minería e infraestructura en el estado de Rakáin que impulsaron el «objetivo de los militares de transformar la región para borrar toda evidencia de la pertinencia de los rohingyas a Myanmar”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que para detener las atrocidades y violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares y poner fin a esta impunidad es necesario aislar financieramente a las fuerzas armadas, sus negocios y las compañías amiguistas.
El informe identificó por primera vez a 120 compañías que son de propiedad directa o indirecta de los militares. También señaló a decenas de compañías locales y extranjeras que hacen negocios con los militares, compañías que financian de hecho la impunidad de la que gozan los militares por crímenes de lesa humanidad.
Una de las compañías que se benefician por amiguismo identificadas en el informe es Max Myanmar. El presidente de Max Myanmar, Zaw Zaw es uno de los directivos de la empresa cuyo procesamiento se recomienda en el informe de las Naciones Unidas: «… la Misión concluye, sobre la base de fundamentos razonables, que los directivos de KBZ Group y Max Myanmar ayudaron, apoyaron o colaboraron de alguna otra manera en los crímenes de lesa humanidad de persecución y otros actos inhumanos«.
El gobierno no hizo nada. Accor, la transnacional hotelera con sede en París, tampoco hizo nada, a pesar de operar dos hoteles de lujo en conjunto con Max Myanmar.
Decenas de empresas, bancos y comerciantes de materias primas extranjeros siguieron haciendo negocios con las compañías que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU identificó como cómplices en crímenes de lesa humanidad.
Muchos han acusado a estas compañías de no hacer nada. Pero hay algo que sí han hecho. Financiaron indirectamente este golpe.
Recordemos también que en el informe de la ONU se pidió un embargo de armas, señalándose a 14 empresas extranjeras de 7 países distintos (China, Corea del Norte, India, Israel, Filipinas, Rusia y Ucrania) que suministraban aviones de combate, vehículos de combate blindados, buques de guerra, misiles y lanzamisiles a Myanmar desde 2016. Pero no pasó nada. Hoy el pueblo de Myanmar enfrenta estos vehículos de combate blindados en las calles.
Para poder luchar y sacar a los militares del poder y reencauzar al país en la senda democrática, el pueblo de Myanmar necesita urgentemente que se aísle financieramente a los militares, sus empresas y las compañías amiguistas y se imponga un embargo de armas.
Todas las compañías extranjeras deben rendir cuentas y garantizar que no tienen ninguna relación comercial directa o indirecta con ninguna de las 120 compañías y 45 empresas beneficiadas por amiguismo enumeradas en el informe de la ONU.
