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Récord de violencia en el campo brasileño

“Una lucha sin gloria”

En más del 60 por ciento de los casos de asesinatos vinculados a conflictos agrarios cometidos en 2019, durante el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro, la justicia aún no se ha pronunciado.

Amalia Antúnez

Foto: Gerardo Iglesias

Según datos de la Comisión Pastoral de Tierra (CPT), en sólo uno de los 31 asesinatos cometidos en el área rural en 2019 de Brasil hubo un fallo judicial. Pero el tribunal consideró que se trató de un accidente, cosa que la familia de la víctima niega rotundamente.

Pasado más de un año, otros 19 casos (el 61 por ciento del total) siguen abiertos. En diez de ellos (32 por ciento) la fase de investigación policial concluyó, pero se está a la espera de juicio. Seis están relacionados con el mismo episodio: la masacre de Baião, en Pará.

En solo siete de los asesinatos hubo detención preventiva de sospechosos, en su mayoría terratenientes y guardias de seguridad privados, pero en cuatro de los casos todos terminaron liberados.

“La impunidad es un arreglo estructural en el que las víctimas de la violencia mantienen su condición histórica de invisibilidad, incluso cuando son eliminadas”, sentencia Paulo César Moreira, coordinador de la CPT, organización que lleva más de tres décadas elaborando un informe anual sobre conflictos en el campo.

La invisibilidad a la que se refiere Moreira está relacionada con el perfil de las víctimas.

Los ejecutados en 2019 fueron en su mayoría hombres (93 por ciento), residentes de estados de la Amazonía Legal (87 por ciento), vinculados a movimientos sin tierra (35) o indígenas que murieron en defensa del territorio (25); trabajadores pobres, que a menudo vivían amenazados y que soñaban con un pedazo de tierra para sobrevivir.

La saña con que fueron llevados a cabo algunos de estos asesinatos evidencia el odio y los prejuicios de que son objeto los pobladores del campo.

La ambientalista Rosane Silveira, de Nova Viçosa (BA), por ejemplo, fue encontrada pies y manos atadas, apuñalada, con signos de estrangulamiento y con un tiro en la cabeza.

Entre los sospechosos o investigados por la policía y los acusados por el Ministerio Público se encuentran terratenientes locales, guardias de seguridad privados contratados por ellos, cazadores, además de madereros y usurpadores de tierras (grileiros).

La carencia de infraestructuras de las instituciones policiales y la lentitud del poder judicial juegan su parte en la impunidad, que se verifica tanto en los delitos recientes como en los más antiguos: de los 1.496 casos de violencia en el campo registrados entre 1985 y 2018, solo 120, es decir el 8 por ciento, fueron juzgados, según una encuesta de la CPT.

Otro aspecto que tiene una incidencia directa es el temor permanente de quienes sobreviven.

“Como hay muchas muertes, es difícil conseguir testigos. La gente no quiere involucrarse y esto acaba complicando la investigación”, dice la fiscal agraria de Altamira, Pará, Nayara Santos Negrão.

El discurso y algunas medidas adoptadas por Jair Bolsonaro, como la reducción de las inspecciones ambientales, agravan la violencia.

“Los asesinos sienten que tienen licencia para matar. Escuchan el discurso del gobierno en contra de indígenas, ambientalistas, y en favor de los extractivistas y se sienten amparados, mientras las víctimas están indefensas y desprotegidas”, dijo a Repórter Brasil la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva.

De hecho, el número de conflictos en el campo aumentó un 23 por ciento entre 2018 y 2019, según datos de la CPT, la cifra más alta en cinco años.

“Lo que hace que estas personas cometan delitos es su casi certeza de que permanecerán impunes”.

El estado con más asesinatos en 2019 fue Pará. Casi la mitad de las víctimas (12 sobre 31) murieron allí y dos masacres (Eldorado dos Carajás y Pau D’Arco) tuvieron lugar en ese estado, donde en 2005 había sido ultimada la misionera estadounidense Dorothy Stang.

En uno de sus municipios, el de Anapu, tres personas fueron asesinadas en 2019 en el marco de conflictos por la tierra: Márcio Rodrigues dos Reis, Paulo Anacleto y Marciano dos Santos Fosaluza. Sus nombres están grabados en una cruz roja junto a la tumba de Dorothy.

En la cruz figuran también los nombres de otras 16 personas ejecutadas en los cinco años anteriores, siempre por luchar por la reforma agraria en esa localidad ubicada a orillas de la Transamazónica.

“La desigualdad en la tenencia de la tierra en Brasil es una de las más elevadas del mundo y está asociada a procesos históricos de acaparamiento de tierras, conflictos sociales e impactos ambientales”, concluye un estudio del Instituto de Gestión y Certificación Agrícola (Imaflora).

El 10 por ciento de las fincas más grandes –recuerda el estudio– ocupan el 73 por ciento de la superficie agrícola del país.

Una de las medidas para reducir la desigualdad sería la reforma agraria, que fue suspendida en 2019 por el gobierno de Bolsonaro.

Después de los campesinos sin tierra, los indígenas fueron las principales víctimas de la violencia en el campo. En 2019, nueve de ellos (siete eran líderes) fueron asesinados por defender sus territorios, la cifra más alta en 11 años, según el informe de la CPT.

“Los invasores se sentían totalmente amparados en su violencia”, analiza Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).

Guajajara considera que el punto culminante de la violencia actual contra los pueblos indígenas comenzó cuando el presidente Bolsonaro declaró que no demarcaría ni una pulgada de tierra indígena.

Y cumplió con su palabra. No hubo ni un centímetro de tierra indígena demarcada en los dos primeros años de su gobierno y todas las solicitudes en ese sentido están bloqueadas.

Si la lucha por la defensa del territorio o la conquista de una hectárea de tierra puede costar vidas, lo mismo puede decirse de la batalla contra la impunidad.

“Castigar a los responsables ha sido una lucha sin gloria”, lamenta el padre Moreira, de la CPT.