“La justicia o es o no es. No puede haber justicia a medias. En el caso de Rommel nunca se garantizó la legalidad del proceso penal. Conocedoras y estudiosas minuciosas del caso nos preguntamos: ¿cómo han podido los jueces condenarlo por complicidad si en los videos se mira claramente que Rommel nunca inició la quema de llantas?”, se preguntó Bertha.
Y siguió interrogándose: “¿Por qué la parte acusadora no hizo ningún esfuerzo para investigar y capturar a las personas que iniciaron la quema? ¿Será que son personas infiltradas por la inteligencia militar para criminalizar y desactivar la protesta social y popular contra al régimen?”.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos ofrecida por Cofadeh, Rommel Herrera fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense, mientras en la capital se desarrollaba una masiva movilización en defensa de la salud y educación pública.
“Jamás ha habido voluntad de investigar lo que de verdad pasó aquel día. Tanto la embajada como las autoridades hondureñas fabricaron un falso culpable, ocasionándole un grave daño psicológico que lo mantiene internado en un hospital psiquiátrico”, señaló la defensora de los derechos humanos.
“Cofadeh es parte del equipo defensor de Rommel y vamos a apelar esta resolución. Exigimos que se aplique la justicia y que se reconozca la inocencia no sólo de Rommel, sino de todas aquellas personas que son criminalizadas por protestar y luchar”.
Para Oliva, el caso del joven maestro es un vivo ejemplo del sometimiento del sistema de justicia hondureño a los intereses del gobierno norteamericano.
En la audiencia de revisión de medidas que se llevó a cabo este 10 de diciembre, el tribunal desechó la solicitud del equipo defensor de que Rommel pueda continuar su tratamiento psicológico de manera ambulatoria, confirmando su internamiento en el hospital psiquiátrico.
Por su lado, la abogada acusadora que representa a la embajada estadounidense volvió a solicitar el encarcelamiento del joven maestro.
“En este caso, el Ministerio Público está representando los intereses de la embajada y no los de la sociedad y del pueblo. Como hace siglos, seguimos sometidos a los intereses de quien pone la plata. Este es el triste papel que desempeñan los encargados de impartir justicia en nuestro país”, concluyó Oliva.