Las alertas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) se repiten año a año: en unas décadas, si nada cambia, el bosque tropical amazónico, el mayor del mundo, será cosa del pasado.
Y por ahora, nada cambia. O más bien: el desastre se acelera.
Entre agosto de 2019 y julio último, casi 11.100 kilómetros cuadrados de bosques fueron talados en esta área, señaló el organismo en un informe divulgado el 30 de noviembre.
“Hemos perdido un área equivalente a 7,29 veces el tamaño de la ciudad de Sao Paulo, lo que representa 626 millones de árboles cortados, es decir, tres árboles perdidos por cada brasileño”, comentó Cristiane Mazzetti, portavoz de Greenpeace Brasil.
Otros prefirieron las referencias futboleras: es como si en un minuto fueran borrados del mapa tres Maracanás, o 4.430 en un día, dijeron.
Hay que remontar a 2004 para encontrar cifras bien peores: más de 27.770 kilómetros cuadrados de bosque talados en un año.
Desde entonces la deforestación se había ido reduciendo. El mínimo histórico se alcanzó en 2012: “sólo” unos 4.500 km². De todas maneras, una barbaridad.
Los responsables son conocidos: los mineros ilegales, los madereros, el avance del latifundio agropecuario, las petroleras y los dirigentes políticos que promueven sacarle el jugo hasta la última gota a esta región del mundo tratada como una “zona igual que cualquier otra, es decir explotable económicamente”, según dijo en su momento un jerarca del gobierno de Jair Bolsonaro.
Lo de Bolsonaro ha sido mucho más desembozado y franco que lo de cualquiera de sus predecesores recientes: les dejó el terreno totalmente libre a los empresarios, debilitó o eliminó los organismos estatales de control (al Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales, IBAMA, simplemente lo desmanteló), y a los ambientalistas y los defensores de los derechos de los indígenas los atacó como ningún otro.
Ya había advertido el hombre: “cuando llegue a la presidencia –declaró poco después de ganar las elecciones– a las ONG no les voy a dar un real. Esos inútiles van a tener que trabajar”.
Y así como dijo que los trabajadores deberían elegir entre tener un empleo y tener algún derecho, a los ambientalistas, a los defensores de los derechos humanos y a los indígenas que habitan las regiones amazónicas les dio a elegir entre callarse o ser más ninguneados y reprimidos que antes.
Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación en la Amazonia aumentó casi 30 por ciento respecto al mismo año móvil anterior, llegando a una cifra apenas inferior a los 10.000 km cuadrados. Siete de esos doce meses transcurrieron bajo la gestión de Bolsonaro, iniciada el 1 de enero de 2019.
Cuando el INPE comunicó esas cifras, el presidente dijo que eran falsas, obligando a su director a renunciar.
Y ahora otro salto, acompañado de un aumento exponencial de los incendios forestales “descontrolados”, que bajo el gobierno del ex militar fueron particularmente escandalosos: 89.000 focos en 2019, 30 por ciento más que el año anterior.
“Ante este verdadero horror, dijo Mazzetti, la respuesta del gobierno federal ha sido maquillar la realidad, militarizar cada vez más la protección ambiental y trabajar para frenar la acción de la sociedad civil”.
El paquete se completa con la contaminación cada vez mayor de la Amazonia con los agrotóxicos utilizados en los cultivos que se expanden en varios estados del antiguo pulmón terrícola.
El gobierno de Bolsonaro ha liberado la importación de cientos de agrotóxicos producidos por las grandes transnacionales, muchos de los cuales han sido prohibidos en otras regiones del planeta, incluidos los Estados Unidos.
En el estado amazónico de Mato Grosso, por ejemplo, pulula la soja.
En mayo pasado el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles –abogado, administrador de empresas, fundador del Movimiento Enderecha Brasil, auspiciado por el Leadership Institut de Estados Unidos– sugirió que la pandemia de Covid-19 era una oportunidad de oro para los planes “de fondo” del Ejecutivo de Bolsonaro.
En un video filtrado de una reunión del Consejo de Ministros, Salles aparece diciendo
que el gobierno debería aprovechar que el coronavirus estaba centrando la atención del mundo entero para cambiar en sordina “todas las reglas” y “simplificar las normas” ambientales (AFP, 22-V-20).
El presidente asintió. Y -se sabe por experiencia- Bolsonaro cumple.
