Viajar desde su página web hasta las plantaciones del norte costarricense se parece a una travesía desde el idílico paraíso terrenal hasta el mismísimo infierno.
Dole ha reciclado, refinado y perpetuado un menú de políticas laborales que ya aplicaba su perversa y omnipotente abuelita en el siglo pasado: la Standard Fruit Company.
Ese “menú del horror” no deja prácticamente ninguna aberración laboral fuera de su práctica. La primera y más preciada para la transnacional es el antisindicalismo a sangre y fuego. Dole prohíbe de hecho que los trabajadores se organicen libremente como es su derecho.
Cuando detecta que está ocurriendo descabeza a los incipientes sindicatos persiguiendo a sus directivos y acosando a aquellos que han “osado” afiliarse, hasta lograr que renuncien o despedirlos.
Cuando alguna estructura sindical logra sostenerse, las negociaciones son taimadas, suspendidas una y otra vez, ignoradas durante meses en los cuales presiona a dirigentes y afiliados en las plantaciones, amenazándolos con despidos, sanciones injustificadas, traslados a las tareas más riesgosas o duras, y toda humillación y acoso imaginable.
Se sirve de empresas tercerizadas para contratar indirectamente a trabajadores y trabajadoras migrantes que muchas veces son víctimas de trata de personas en la frontera con Nicaragua.
Su astucia, en este caso, consiste en no utilizar ese esquema de forma permanente en sus propias fincas o en sus subsidiarias, pero sí en las centenas de “fincas independientes” a las cuales les compra gran cantidad de la fruta que vende bajo su propia marca.
Allí, miles de trabajadores y trabajadoras llevan una vida de pobreza extrema, en condiciones infrahumanas, casi siempre hacinados en caseríos de emergencia sin servicios higiénicos, o en barracones donde pernoctan centenares de seres humanos en lechos de fortuna, o en el propio suelo durante meses.
En el fondo de las góndolas de los sofisticados supermercados de Europa o Estados Unidos, adonde es exportada la totalidad de la piña de Costa Rica, debajo de las piñas se encuentran reducidos a una semiesclavitud centenares de miles de trabajadores agrícolas que día a día dejan su salud en las plantaciones, en el mejor de los casos a cambio de un salario mínimo (algo más de 500 dólares mensuales), pero que habitualmente no llega a la mitad de esa cantidad.
La mayoría de estos trabajadores migrantes vive en una realidad casi medieval, alejados de centros poblados, privados de servicios básicos, virtualmente incomunicados por escasa o nula red telefónica y de internet, carentes de una atención médica digna de ese nombre, sometidos a un régimen de empleo/despido cada tres meses para evitar el pago de adeudos, expuestos a químicos tóxicos y contaminantes, a merced de capataces y supervisores que los maltratan y humillan.
La casi total impunidad de la Dole y sus socios ante estos desmanes es asegurada por las diferentes entidades estatales supuestamente responsables de que se palique la ley, se respeten los derechos laborales y los derechos humanos, que mediante una complicidad naturalizada cierran los ojos ante lo evidente, hacen la vista gorda o, directamente, simulan no existir.
La Rel UITA se compromete a calar hondo en esta investigación periodística, para denunciar ante el mundo que las piñas de la Dole son, en realidad, de carne y hueso.