“La vacancia no es constitucional y genera una grave crisis de gobernabilidad. Asistimos a un golpe de Estado”, denunció el Centro Flora Tristán, organización feminista que cuestionó el rol del Congreso y su titular Manuel Merino, investido como primer mandatario tras aliarse con parlamentarios que enfrentan graves denuncias de corrupción.
Lo ocurrido en el país no se inició el último lunes.
Es el colofón de un lustro en que el fujimorismo y el APRA –aliados para evitar investigaciones y sanciones a actos de corrupción que lo involucraban– mantuvieron en vilo a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la presidencia ante su inminente vacancia por incapacidad moral permanente, una figura constitucional usada como herramienta de presión política.
Kuczynski fue sucedido por su vicepresidente Martín Vizcarra, quien también enfrentó los embates de la mayoría legislativa fujimorista, que bloqueó sus iniciativas de reforma política y de lucha contra la corrupción.
Finalmente, el Congreso fue disuelto por el Ejecutivo y en febrero se eligió a una nueva representación nacional, que ahora devolvió a Vizcarra a su casa.
Universidades, gremios, colegios profesionales, organismos de derechos humanos, mujeres y feministas han rechazado el golpe de Estado y denunciado que el gobierno de Merino carece de legalidad y legitimidad.
Desde la tarde del lunes, centenares de personas, en su mayoría jóvenes, manifestaron su repudio al golpe, reclamando la restitución del orden democrático y el respeto al derecho a la protesta frente a la violencia policial.
“Nos mantendremos en vigilancia ciudadana y movilización pacífica junto con la ciudadanía”, ratificó el Centro Flora Tristán.
Su directora, Liz Meléndez, alertó que los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados por los sectores conservadores que lideran el golpe.
Denunció el riesgo de retroceder en las políticas públicas con enfoque de género, en el combate a la violencia contra las mujeres y la amenaza a los derechos sexuales y reproductivos, concretamente en la aplicación del aborto terapéutico y el acceso a la anticoncepción oral de emergencia y a un mayor debilitamiento del Estado laico.
Hasta el mediodía del miércoles 11, continuaba el vacío de poder en uno de los países con mayor morbimortalidad por Covid-19 y altos índices de deserción escolar, desempleo y pobreza.
El anuncio de que Antero Florez Araoz, un político de 78 años de orientación conservadora y posiciones racistas y misóginas, será el primer ministro de este llamado gobierno de transición confirmó que los siguientes meses podrían ser especialmente adversos para el país en general y las mujeres en particular.
Meléndez llamó a su vez a la movilización por tres objetivos inmediatos: que el Congreso reconsidere su votación de la vacancia, que se garanticen las elecciones previstas para abril de 2021 y que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional no sean designados por este Congreso, carente de las condiciones éticas y de legitimidad necesarias.
