Aunque quisiéramos volver a ella, la vieja normalidad ya no existe. Pasada la crisis del Covid-19, la recesión y la depresión, o bien habremos alterado la relación de fuerzas y cambiado radicalmente nuestras prioridades políticas y sociales para comenzar a construir un mundo más justo, equitativo y decente, o bien nos habremos hundido en una sociedad aún más frágil, fracturada y dividida, con niveles masivos de desempleo, pobreza generalizada, dictadura e, inevitablemente, guerra.
Reenfocar el debate supone entender que las vulnerabilidades y la fragilidad que dejó al desnudo la crisis del Covid-19 no son el resultado de malas políticas o malos gobiernos, sino que son producto del patriarcado, el racismo y el neoliberalismo.
Más de 40 años de neoliberalismo han desmantelado sistemáticamente las protecciones sociales y laborales, el acceso a los alimentos y la atención de salud pública universal, hoy tan desesperadamente necesarias.
Incluso nuestra capacidad para ser solidarios -el actuar colectivamente por el interés público- se ha visto gravemente erosionada. Lo que nos está matando ahora no es el coronavirus, sino la conjunción neoliberal de individualismo e intereses privados.
Para construir un futuro mejor necesitamos vencer al patriarcado y al racismo, y cuestionar radicalmente al capitalismo, un sistema que convierte todo en mercancías que se compran y se venden con fines de lucro. El cambio debe ser profundo. Requiere transformar la sociedad y los sistemas políticos imperantes, pero también nuestros sindicatos, para que tengamos tanto la voluntad política como el poder para llegar hasta el fin.
En este momento no tenemos ese poder. Necesitamos construirlo a través de la organización sindical, a través de más organización y lucha. Y para ello necesitamos reafirmar los derechos sindicales fundamentales: el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga.
Para defender los derechos colectivos de los trabajadores y crear el espacio político necesario para organizarnos, podemos revitalizar y utilizar los convenios existentes de la OIT sobre el derecho a la libertad de asociación, a la negociación colectiva, al empleo, a la protección social y a la protección contra el despido.
El Convenio sobre la terminación de la relación del trabajo (C158) ha sido resistido enérgicamente durante 40 años por empleadores y gobiernos y prácticamente olvidado por el movimiento sindical. Sin embargo, ante esta crisis se necesita urgentemente una protección amplia contra el despido injustificado.
Lo que no necesitamos son nuevos convenios de la OIT, como la propuesta de convenio sobre conducta empresarial responsable (CER). Esto no solo reafirma los intereses empresariales corporativos que nos llevaron a esta crisis, sino que también legitima la privatización de la regulación social. Marca el fin de cualquier compromiso político con la responsabilidad pública.
La transformación social y política que precisamos no puede empezar con concesiones. Hay una diferencia fundamental entre concesiones que son producto de la lucha y concesiones que se hacen en vez de luchar.
Tenemos que empezar reafirmando el derecho colectivo a la salud pública, la educación, la vivienda, la alimentación y la nutrición como derechos humanos universales, no mercancías que se compran y venden con fines de lucro.
Este año es el centenario de la UITA y es pertinente señalar que la constitución de la UITA reconoce a la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos como servicios sociales básicos que se brindan a la comunidad.
En ese sentido afirma: «es responsabilidad del movimiento sindical y, en primer lugar, de los trabajadores de las industrias de alimentos y afines, garantizar que los recursos de alimentos mundiales se utilicen de manera que sirvan al interés general y no a intereses minoritarios privados o públicos.»
De hecho, la expansión del poder empresarial sobre el sistema alimentario mundial en los últimos 40 años ha socavado sistemáticamente el interés general, condenando a cientos de millones de personas al hambre. Esto se agudizará con la inminente crisis alimentaria mundial.
Sin embargo, nuevamente vemos cómo algunos sindicatos internacionales firman una declaración1 que reconoce el control corporativo del sistema alimentario mundial a través de regímenes de libre comercio, y junto con esas corporaciones mundiales promete dejarlo todo en sus manos a cambio de que, de pasada, alimenten a alguna gente. De manera que el hambre también es una mercancía que se compra y vende con fines de lucro.
Para avanzar necesitamos desmantelar los regímenes corporativos de libre comercio, no arreglarlos. Deben desmantelarse los regímenes corporativos de libre comercio que extienden el control empresarial sobre la agricultura y el sistema alimentario mundial, y socavan la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Deben desmantelarse los regímenes corporativos de libre comercio que imponen la privatización, la comercialización y la mercantilización de la atención de la salud.
Tenemos que hacerlo porque, bajo estos regímenes, la desmercantilización y nacionalización de la atención de salud y del agua, la inversión pública en la agricultura y la alimentación sostenibles, y la promoción de la democracia energética son ilegales.
Los gerentes económicos que dirigen nuestros gobiernos, que no son electos y no rinden cuentas, simplemente usarán las reglas de los acuerdos de libre comercio para impedir la transformación que precisamos.
Cabe advertir que en plena pandemia mundial -con decenas de millones de infectados y un millón de muertos- esos mismos gerentes económicos están diciendo que no pueden costear la universalidad de la atención de salud pública. Esto es inaceptable. No es un debate sobre asequibilidad y presupuestos gubernamentales.
Debe haber una reasignación masiva de la riqueza y los recursos a nivel nacional e internacional. Nuestra acuciante obligación de construir y garantizar el acceso universal a los derechos humanos por medios colectivos no puede ser inasequible o ilegal.
En julio pasado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó un informe titulado “Prevenir la próxima pandemia. Zoonosis: cómo romper la cadena de transmisión”. Allí se identifican siete factores de intervención humana como “impulsores de enfermedades” que fomentan la aparición de zoonosis como el SARS-CoV-2:
- Incremento de la demanda humana de proteína animal
- Intensificación insostenible de la agricultura
- Aumento del uso y la explotación de especies silvestres
- Utilización insostenible de los recursos naturales, acelerada por la urbanización, el cambio en los usos de la tierra y las industrias extractivas
- Aumento en los viajes y el transporte
- Alteraciones en el suministro de alimentos
- Cambio climático
Esta lista también nos da una buena idea de por qué volver a “la vieja normalidad” no es una opción. Produciría otra pandemia con consecuencias aún más desastrosas en una crisis climática cada vez más profunda.
Si consideramos las acciones colectivas concertadas que son necesarias a nivel político y social para hacer frente a estos “impulsores de enfermedades” a fin de prevenir la próxima pandemia, entonces ya estamos hablando de una transformación que requiere el desmantelamiento de los regímenes neoliberales y los regímenes corporativos de libre comercio, la reconquista del Estado en aras del interés público, un avance hacia la sostenibilidad erigido sobre la desmercantilización y la nacionalización, y una reasignación masiva de recursos para lograrlo.
Eso, a su vez, sugiere que es imperativo lograr esta transformación y restablecer la acción colectiva y la solidaridad necesarias para construir un mundo justo, más equitativo, más decente y ambientalmente sostenible en el que vivir, y no solo sobrevivir de una pandemia a otra hasta que el cambio climático termine con todo.
Esto no parece ser una elección, sino un llamado urgente a la acción.
Hidayat Greenfield
Secretario Regional UITA para Asia y el Pacífico
1-El “Llamado a la acción para líderes mundiales: prevenir una crisis mundial de la seguridad alimentaria, a la vez que se combate la COVID-19”, del 9 de abril de 2020.
