Desde la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT que fuera adoptada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en 1977, y enmendada en 2000, 2006 y 2017, y con base en los ocho convenios fundamentales de la OIT, así como en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y los diez principios del pacto mundial de las Naciones Unidas, principios que fueron reconocidos y aceptados por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), entre otras cosas establecen:
Principio uno
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio dos
Las empresas deben asegurarse de que sus compañías no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
Principio tres
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio seis
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
Principio diez
Transparencia y lucha contra la corrupción.
Las empresas redactan sus códigos de ética sobre la base de estos instrumentos cuando se refieren a la relación con los trabajadores y sus sindicatos, así como al respeto a los derechos humanos.
Un artículo recientemente publicado por Gerardo Iglesias, secretario regional de la UITA, titulado “Una empresa irresponsable”, se refiere a la transnacional JBS, la mayor compañía cárnica del mundo, donde uno de sus mayores accionistas, “el banco Nordea, el más importante del norte de Europa, decidió desprenderse de sus acciones en JBS. Lo hizo por una suma de motivos: la irresponsabilidad de la transnacional brasileña en el manejo de la pandemia, su implicancia en la deforestación de la Amazonia y diversos casos de corrupción”.
El jefe de inversiones responsables de ese banco, Eric Pedersen, afirmó al diario británico The Guardian: “Es el más problemático de los frigoríficos brasileños -dijo de JBS-. Y no dialoga. Están los escándalos de corrupción, el problema de la deforestación y ahora todo este tema del coronavirus en sus plantas”, agregó.
En las declaraciones de Pedersen queda en evidencia la doble moral de esta transnacional porque daña el medio ambiente y no respeta los derechos humanos que tanto pregona en sus publicaciones.
Además, según el Ministerio Público del Trabajo, JBS y otros grandes frigoríficos de Brasil han actuado de forma irresponsable en el manejo de la pandemia. Los estados más golpeados por el Covid-19 son Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, y Brasil ocupa ya el segundo lugar mundial en cantidad de fallecidos por la pandemia con más de 100.000 hasta el pasado 11 de agosto, solo superado por Estados Unidos que registra más de 167.000 muertos.
Nestlé, otra transnacional, también tiene lo suyo en América del Sur, mas precisamente en Ecuador. La doctora Anush Coronel, afiliada al Comité de Empresa Nacional de Trabajadores de Nestlé Ecuador, fue despedida mientras estaba de licencia médica y en duelo tras el fallecimiento de su compañero por coronavirus.
Tampoco le importó a la transnacional suiza que la doctora estuviese amparada por el Convenio Colectivo de trabajo y que, por lo tanto, debió haberse remitido el caso al Comité Obrero-Patronal de Nestlé. Esto denuncia, a las claras, la deshumanizada actitud de la transnacional.
Lo anterior es solo un muestra de lo que los trabajadores y trabajadoras sufren por parte de las empresas transnacionales en la región de América Latina, que al igual en todas partes del mundo son los más golpeados por la pandemia, especialmente los trabajadores de labores esenciales para la supervivencia de la humanidad, como los de la salud y la producción de alimentos en general.
A esta barbarie y actitud cuasi criminal de las transnacionales que atropellan y masacran sin piedad a sus trabajadores, se suma la complicidad de los gobiernos, que responden más a los intereses de las empresas que a los intereses de los trabajadores y ciudadanos. Por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, donde han reformado la legislación laboral para favorecer la explotación de los trabajadores y debilitar al aguerrido sindicalismo brasileño.
Lo mismo ocurre en Panamá, donde los compañeros dirigentes de la Federación Unitaria de los Trabajadores (FUCLAT) realizan sendas jornadas de protesta para impedir la brutal reforma laboral que afectará a la clase obrera panameña.
Atrás quedaron los conceptos de trabajo decente, el respeto a los convenios fundamentales de la OIT, las líneas directrices de la OCDE, los diez principios del pacto mundial de la ONU, la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la libertad sindical y el respeto de los derechos de los trabajadores, que tanto dicen respetar y cumplir los empleadores y los gobiernos.
Pero no todo está perdido. En medio de la pandemia, la UITA desarrolla intensas jornadas de denuncia y solidaridad con todos esos trabajadores y trabajadoras en lucha, prueba de eso es la campaña de solidaridad y denuncia en los casos de Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Honduras y demás países donde no descansaremos hasta lograr que los intereses de los trabajadores sean respetados.
En Managua, Marcial Cabrera