“Una vez más nos toca desafiar la cuarentena porque hay más de 700 trabajadores y trabajadoras que no han recibido los salarios de junio y julio. Además no han cancelado los compromisos con el Injupemp1 y el seguro social, generando así una mora que no nos permite tener acceso a beneficios como la salud”, dijo a La Rel Marta Anariba, presidenta de la junta directiva central del Sitraina.
“La irresponsabilidad de las autoridades, tanto nacionales como del INA, nos está hundiendo en una grave calamidad doméstica, en medio de una aún más grave crisis sanitaria”, agregó.
Actualmente en Honduras hay más de 43 mil casos confirmados de Covid-19 y casi 1.400 fallecidos.
A pesar de que el gobierno gestionara unos 2 mil millones de dólares para la emergencia, uno de los presupuestos más grandes de Centroamérica para la lucha contra el coronavirus, los resultados han sido desastrosos.
En un comunicado, Sitraina advierte que, a casi cinco meses del inicio de la pandemia, los fondos aprobados por el Congreso no se han traducido en una respuesta contundente a la crisis, ni en la recuperación del sector salud.
Antes bien, el sistema sanitario está al borde del colapso y se multiplican los casos de corrupción relacionados con la emergencia.
Ante la falta de claridad sobre el uso de los fondos aprobados y la deuda contraída por el gobierno, Sitraina rechazó el mensaje de la ministra de Finanzas, que condiciona el pago de los salarios de empleados públicos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto a la contratación de nuevos préstamos.
“Tenemos a compañeros y compañeras con préstamos en bancos y cooperativas que no van a poder cancelar las cuotas ni realizar pagos de servicios básicos y tarjeta de crédito”, denunció Anariba.
“Todo esto va a generar más intereses de mora y nos va a asfixiar económicamente. Además, no tener acceso a la salud en este momento tan dramático es un atentado contra nuestras vidas”.
La presidenta del Sitraina alertó también sobre rumores acerca de un posible ajuste del presupuesto general de 2020, donde se incluirían suspensiones laborales en el sector público.
“Esto no es posible porque las suspensiones sólo proceden en las empresas de producción, y las causales están establecidas en el artículo 100 del código del trabajo”, consideró.
El sindicato hizo un llamado a las autoridades del INA y de Finanzas para que resuelvan de inmediato esta situación.
“Invitamos a nuestros afiliados y afiliadas a estar alerta y en pie de lucha para la defensa de nuestros derechos”, concluyó Marta Anariba.
La dirigente sindical agradeció a la UITA por estar siempre al lado de las y los trabajadores, sobre todo en los momentos más difíciles.
En Managua, Giorgio Trucchi | Rel UITA
1 Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp)