“Yo no creo en la política del enemigo, porque creo que
tiene una estructura fascista.
La característica de los fascismos es la
construcción de un enemigo para producir el
mancomunamiento. El feminismo no puede mancomunarse
mediante la construcción de un enemigo que serían los varones.
Nuestro enemigo principal es el orden patriarcal”.
Rita Segato
Por iniciativa de Milka Heimen, compañera militante del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), afiliado a nuestra Internacional, llegamos a Paysandú a reunirnos con representantes de la Red para la Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
El encuentro se pactó durante una tardecita helada en la sede del SOEN. Llegamos con Milka y Jaqueline Leite, asesora de la Rel UITA en temas de género y diversidad y experta en trata de personas.
Enseguida se nos sumó Libia Leites, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Junta Departamental de Paysandú y un poco más tarde Mariela Coiro, responsable de la Unidad de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia.
La charla comenzó en un tono informal, una impronta de las ciudades del interior uruguayo donde todo el mundo se conoce. En especial cuando se trata de personas que se desempeñan en el ámbito público.
La temática inexorablemente trajo a mi memoria una emblemática entrevista del periodista César Di Candia a la doctora María Mirandette, que denunció allá por 1994 durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente Luis Lacalle Pou, la explotación sexual de menores en Curtina, un pueblito del interior profundo del departamento de Tacuarembó.
En esa época, la profesional en cuestión fue tratada como mentirosa, expulsada del pueblo y degradada en su trabajo. Años después, en noviembre de 2011, se descubrió una red de explotación sexual de menores en Curtina, hecho que dio razón a Mirandette.
En este extraño y singular 2020 salen a la luz nuevos episodios de la misma temática que destapó la llamada Operación Océano: adolescentes víctimas de explotación sexual, de abuso encubierto, de la naturalización de la violencia de un sistema patriarcal que todo lo oculta y cuando no, lo justifica.
Por todo esto, el importante trabajo que desarrollan estas mujeres en Paysandú nos convoca como organización sindical con enfoque en los derechos humanos y en el combate a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
La Red para la Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes es una organización intersocial conformada por instituciones públicas como la municipalidad, el Ministerio de Salud Pública a través de su Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Policía Comunitaria, la Universidad de la República, entre otros.
Tanto Libia como Mariela coinciden en que la integración de este conjunto de instituciones fue muy positiva en el combate a la explotación sexual infantil y a la trata de personas en la región, pero sobre todo en la concientización de la población.
“La Red trabaja básicamente en sensibilización y prevención. Se realizan seminarios en el interior del departamento y talleres en las escuelas rurales, en los liceos para concientizar sobre el tema que lamentablemente está muy naturalizado acá”, señala Libia Leites.
La importancia mayor de esta confluencia de instituciones que trabajan juntas, dice, es que pueden poner el tema en la agenda política.
“Al realizar seminarios que cuentan con una participación numerosa, yo como edila puedo llevar el tema a la Junta departamental y declararlo de interés general y eso no solo lo pone en la agenda política sino que además hace que la prensa lo difunda”, apunta.
El perfil de las víctimas de explotación sexual es variado: desde chicas y chicos de contextos sociales de extrema pobreza hasta adolescentes de clase media. Pero la mayoría tiene algo en común: una historia de abuso y violencia intrafamiliar.
“Hay que enfocarse más en el perfil del abusador porque este tipo de explotación se ha naturalizado de tal manera que los mismos victimarios ven el tema de mantener relaciones con menores es algo normal”, puntualiza Jaqueline.
En Paysandú se dan muchos casos de explotación sexual. “Un hito fue el caso de la llamada Casita del Parque, donde se descubrió una red de prostitución infantil, pero que infelizmente no quedó ahí, sobre todo porque en el interior del departamento esto está muy naturalizado”.
Mariela Coiro cuenta que es común que luego de cobrar la quincena los obreros vayan a los bares donde trabajan las adolescentes.
“Está tan naturalizado que ni las chicas se dan cuenta que esto es explotación sexual, ni las familias de las víctimas”, subraya.
Mariela, que también trabaja en un proyecto del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), informa sobre un nuevo fenómeno de explotación sexual de adolescentes mucho más difícil de identificar y de erradicar.
“Se trata de chiquilinas que cambian de ‘novio’ cada una o dos semanas. Consiguen de ese individuo una recarga de celular, un pantalón que querían y unos pesos para ayudar a la familia”, relata.
No terminan de visualizar que están siendo víctimas de explotación sexual y esta es la tarea más desafiante que tenemos ahora”.
La pandemia de Covid-19 y la falta de recursos, sumada al cambio de autoridades nacionales producido en marzo pasado, viene retrasando el trabajo de esta intersocial.
“Al suspenderse las clases y al haber cerrado varias oficinas públicas, el acceso a los niños y adolescentes para talleres de prevención se ha visto afectado, y la escasez de recursos financieros tampoco permite que se realicen campañas mediáticas y en redes donde ellos están más presentes”, destaca Mariela.
Consultadas acerca del incremento de la violencia de género durante el período de confinamiento, ambas especialistas coincidieron en que si bien hay una percepción social de un aumento de los casos el aislamiento social impuesto por la pandemia hizo que las mujeres denuncien menos porque no tienen cómo alejarse de su agresor.
Se carece de un refugio específico para casos de violencia doméstica y eso complejiza la situación del trabajo con este grupo.
“Luego de varios años conseguimos una casa física con un equipo específico de trabajo pero que es solo para mujeres y niños con riesgo de vida, y su estadía se limita hasta que el agresor sea notificado”, explica Mariela.
Libia señala que ha habido un incremento en la violencia hacia las mujeres también dentro del ámbito político donde ella se desempeña.
“Los niveles de machismo están tan transversalmente instalados que he escuchado de varias colegas que porque se pelean mucho con un compañero de bancada es que están enamorados”.
“Sigue en el imaginario colectivo que quien se pelea se ama, un ejemplo de cómo vive la sociedad la violencia naturalizada, esa vieja historia del femicidio como crimen pasional, estereotipos que hay que comenzar a erradicar, de lo contrario no se va a avanzar.
La Red trabaja también con mujeres trans organizadas en agrupaciones civiles como la Asociación Trans del Uruguay (ATRU).
“Con la intendencia logramos materializar la creación de una policlínica de hormonización para personas trans que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública. Se trata de un centro regional y ha sido un avance importante en materia de derechos de este colectivo”, dice Mariela.
Con relación a la inserción laboral de las personas trans, la realidad demuestra que falta mucho camino por andar y mucho trabajo que hacer.
La mayoría de las mujeres trans terminan como trabajadoras sexuales por falta de opción.
En Uruguay, el promedio de vida de estas personas es de 45 años.
“Hay algunas mujeres trans que logran trabajar de forma autónoma como reposteras o como peluqueras, pero aquellas que no consiguen la hormonización tienen enormes dificultades para acceder a un empleo que no sea la prostitución”, cuenta Mariela.
El colectivo LGBTI de Paysandú está representado por Manos Púrpura, una organización civil de lesbianas que trabajan en conjunto con la Asamblea Permanente de Mujeres, Lesbianas y Trans.
En un predio cedido por la intendencia que se llama Casa de la Diversidad, tienen una biblioteca y realizan tareas sociales, marchas y todo lo que esté vinculado al movimiento de derechos de las personas LGBTI.
“Este movimiento surgió de la organización de una marcha del 8 de marzo. Ahora, durante la pandemia, hacen meriendas para compartir con la población necesitada”, informan.
La organización en grupos civiles facilita la tarea de los organismos estatales para identificar los problemas que tiene este colectivo.
Nuestra reunión va concluyendo luego de más de una hora de charla ininterrumpida.
Nos vamos luego de sellar un compromiso de trabajo conjunto apenas la pandemia nos lo permita, pero sobre todo nos vamos con la convicción de que el movimiento sindical es antes que nada un movimiento social, de hombres y mujeres diversos.
En Paysandú, Amalia Antúnez