Preso de su ego y autosuficiencia, el presidente Sebastián Piñera minimizó en enero los efectos que la pandemia podía tener en el país y afirmado cosas como que Chile estaba “mejor preparado” que Italia para enfrentarla.
Los empresarios, a su vez, pidieron que la actividad económica no se detuviera. “No podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas”, llegó a decir el líder de la Cámara de Comercio de Santiago.
La gente, por su lado, pedía ayudas reales y planes que pudieran llegar a todos.
Los chilenos están tratando de salir adelante en medio de contagios, muerte y pobreza y defendiendo como pueden sur derechos.
Hoy se está debatiendo en el Congreso un proyecto de ley sobre el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones administrados por el sistema de ahorro forzoso vigente desde la dictadura.
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) constituyen el pilar fundamental del modelo económico y social chileno, que la derecha y los empresarios han implementado en la década de los 80 y defendido a sangre y fuego hasta el día de hoy.
Como era de esperarse, lo único que interesa al estado es cuidar y profundizar el modelo económico y social. El pueblo no interesa.
Tanto es así que a inicios de abril se aprobó una la ley “De protección del Empleo”, que permite a una empresa suspender los contratos de trabajo por tiempo indeterminado.
Para sobrevivir en ese período, el trabajador debe recurrir a su cuenta individual de cesantía. Algunos ya han agotado esos fondos y quedarán totalmente desamparados visto el crecimiento exponencial del desempleo.
En resumen, el pueblo chileno está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia y se hace imprescindible un cambio profundo en el modelo de desarrollo de este mal llamado “oasis” de América Latina.
En Santiago, Claudio Urrutia O.
(Presidente de la Federación de Sindicatos de Unilever)