“Vamos a cumplir nuestras promesas”, dijo el lunes en una entrevista con el diario Le Parisien la ministra de la Transición Ecológica, Elisabeth Borne. “Saldremos del glifosato », agregó.
Pero dijo que la “salida” se hará “antes del fin del quinquenio” de Macron, que culmina en dos años, en mayo de 2022.
El gobierno había prometido en 2017 que la prohibición del glifosato se concretaría “como máximo” en 2020, pero luego se fue sucesivamente postergando.
En el medio están las presiones de las transnacionales del agronegocio, que tienen un peso considerable en las estructuras de poder de la UE en Bruselas y también en Francia, uno de los países con mayor producción agrícola de la región.
No sólo se han ido corriendo los plazos. También se ha ido suavizando el alcance de la medida.
El propio Macron dijo en un primer momento que se lo prohibiría por completo “apenas se le encuentren alternativas viables”, para terminar sosteniendo, en enero de 2019, que “prohibir por completo el glifosato” en el corto plazo resultaría “imposible” porque “muchas ramas” de la agricultura acabarían arruinándose.
A fines de febrero de este año el presidente fue aún más nebuloso. “Es posible plantearse una reducción muy importante de las cantidades (de glifosato) utilizables en viticultura y en arboricultura, pero en cuanto a los grandes cultivos” habrá que esperar, dijo.
Es muy obvio, comentó el portal Médiapart, que la fuerza de las grandes transnacionales del sector es muy superior a las necesidades políticas del propio Macron, que este lunes lanzó algunas guiñadas a Los Verdes, grandes ganadores de las elecciones municipales francesas del día anterior, a quienes el presidente intentó seducirlos para encontrar “líneas de confluencia”.
Cabe recordar también que apenas unos pocos días atrás la transnacional Bayer se vio obligada a negociar con los abogados de decenas de miles de agricultores estadounidenses que le reclamaban indemnizaciones ultramillonarias por los efectos del empleo del glifosato sobre su salud y el medio ambiente.
Bayer, que se fusionó en 2018 con Monsanto, inventora del Roundup y otros venenos fabricados en base a glifosato, aceptó pagar unos 12.000 millones de dólares a los agricultores. Pero continuará comercializando el Roundup.