En medio del caos que rige a la cabeza del Estado, todavía existen instituciones gubernamentales que levantan la voz en defensa de los trabajadores y las trabajadoras del país. Una de ellas es el Ministerio Público del Trabajo (MPT) y sus secretarías regionales.
En el sur y suroeste de Brasil, donde se concentra la industria frigorífica, los contagios por Covid-19 crecen a un ritmo vertiginoso, entre otras cosas porque hay empresas del sector, como el grupo transnacional JBS, que no cumplen con las mínimas disposiciones y protocolos para la prevención del contagio, transformando a las plantas en grandes focos de la pandemia.
Sobre esto dialogamos con el fiscal del Trabajo Anderson Corrêa da Silva, representante del MPT en el medio-oeste del estado de Santa Catarina.
-¿Cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de los frigoríficos en esa región?
-Mi zona de actuación abarca el medio-oeste del estado, donde funcionan dos grandes plantas frigoríficas, una perteneciente al grupo BRF en el municipio de Concordia y otra en Ipumirim, de Seara Alimentos, propiedad de JBS.
En estas dos industrias se agrava el problema pues hay diversos casos de trabajadores y trabajadoras contaminados por el Covid-19.
Las denuncias llegaron de diversas fuentes: La principal fue la Secretaría de Salud del Estado, que al constatar que varios trabajadores de estas empresas daban positivo al test, encendieron las alarmas.
Algunos sindicatos del sector también realizaron denuncias de incumplimiento, llevando a que tanto la Secretaría de Trabajo como el MPT actuaran.
-¿Cuál es exactamente la tarea del MPT en estos casos?
-El Ministerio realiza la fiscalización y si se constatan irregularidades exige a las empresas que las solucionen.
Con el Grupo BRF se logró firmar lo que llamamos un Término de Ajuste de Conducta (TAC), que tiene un alcance nacional y en el que la empresa se compromete a tomar las medidas necesarias para frenar el brote de Covid-19 en sus frigoríficos en todo el país.
Es decir que se comprometió a cumplir con la distancia adecuada entre los trabajadores en las líneas de producción y demás áreas; la adopción de medidas efectivas de vigilancia epidemiológica, con la prueba para Covid-19, y el alejamiento inmediato de personas que pertenecen al grupo de riesgo y trabajadores confirmados o sospechosos de contaminación.
-¿Este acuerdo abarca a las dos empresas?
-Lamentablemente no. El Grupo JBS se negó a negociar con nosotros y a cumplir con los protocolos sanitarios, por lo que tuvimos que interponer una Acción Civil Pública el pasado sábado 23 para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria ante el brote de Covid-19 entre sus trabajadores y trabajadoras.
Anteriormente, el 18 de mayo, la Secretaría de Inspección del Trabajo, vinculada ahora al Ministerio de Economía, pues el Ministerio de Trabajo fue eliminado por el gobierno de Jair Bolsonaro, identificó irregularidades en las acciones para proteger la salud de los funcionarios y falta de medidas efectivas para el control epidemiológico.
Algunos de los casos identificados por los auditores fiscales son gravísimos, como la falta de distanciamiento entre puestos de trabajo; funcionarios con síntomas en la línea de producción; además del flagrante caso de un operario con test positivo para Covid-19 que seguía trabajando. Todo esto con conocimiento de la compañía.
Ante ese escenario, los fiscales determinaron la clausura de la empresa ubicada en Ipumirim, en el oeste de Santa Catarina.
A pesar de la clausura, la acción civil fue necesaria porque el Grupo JBS no firmó un acuerdo con el MPT para el control y la contención de la pandemia, entonces.
Con esta medida buscamos que la justicia civil obligue a esta empresa a cumplir con los protocolos sanitarios de prevención y control para cuando se reabra la planta.