-¿Cuál es la situación ante el Covid-19?
-En Honduras hay 4.000 personas afectadas y casi 200 fallecidos, mientras que la curva del coronavirus va cada día más para arriba.
El otro problema es que aquí hay una masacre laboral, una gran cantidad de trabajadores suspendidos y despedidos; todo el sector del empleo informal que no pueden trabajar. Una situación trágica.
-Y la respuesta del gobierno es más de lo mismo y recrudecer la represión…
-En eso está. Va a entrar en vigor un nuevo código penal que criminaliza y judicializa la protesta social, mandando a la cárcel a un montón de personas que luchan para cambiar este estado de cosas.
Sobre esto las centrales obreras mandaron una nota al Congreso Nacional solicitando una audiencia para pedir la derogación de aquellos artículos que criminalizan la lucha y la protesta social, mientras bajan las penas para los delitos de corrupción y narcotráfico, así como para los delitos sexuales y violencia contra la mujer.
-¿Cuándo son las próximas elecciones?
-Las elecciones internas serían en marzo de 2021 pero para que el proceso se lleve a cabo se debe garantizar un nuevo censo electoral y una nueva tarjeta de identidad.
Con la llegada de la pandemia se suspendió todo y ya hablan de aplazar las elecciones internas, y esto va a ser el primer paso para luego decir, con seguridad, que no hay condiciones para las elecciones presidenciales de noviembre 2021.
-En un país que ya tenía problemas crónicos de pobreza y hambre, donde miles de jóvenes emigraban, la actual coyuntura debe ser de emergencia total…
-Claro. Honduras tiene una población de 8 millones de personas. Según el ministro de Trabajo las suspensiones de contratos de trabajo en la maquila, la industria, el comercio, la agricultura afectarán a unos 450 mil trabajadores y trabajadoras.
Unas 611 empresas se han acogido a la Ley de Aportación Solidaria. Es decir, el gobierno y los empresarios de las maquilas se han puesto de acuerdo para garantizar una parte del salario, unas 6 mil lempiras (250 dólares). El Estado aportará 150 dólares y los empresarios 100 dólares. Pero esto no llega ni a la mitad del valor del salario mínimo.
Estamos hablando de unos 120 mil trabajadores que recibirán esta ayuda y unos 330 mil que no recibirán absolutamente nada, más los despedidos, que son incontables, y los que se desempeñan en el sector informal, que son otros miles.
Además, los empresarios están reduciendo salarios bajo la amenaza de despido, y pagarán el 14° mes de forma reducida, a plazo o simplemente no lo pagarán. También los convenios colectivos, o no lo están cumpliendo o piden su revisión o suspensión.
En definitiva estamos ante un grave problema de pérdida de derechos que agudiza la lucha de clase, y que posiblemente vaya a traer más represión.
-Cárceles saturadas, fronteras cerradas, hambre. ¿Cómo se administra esto?
-Hay un estado de sitio con suspensión de derechos individuarles y colectivos, incluyendo la libertad de expresión.
Las cárceles están llenas, como tú lo señalas, así como los hospitales. Las políticas de privatización han destruido el sector salud y la educación.
Los empresarios están aprovechando para pedir nuevas concesiones o que no les cobren impuestos. Están dando tierra a los grandes terratenientes.
Piensan resolver el problema con más neoliberalismo. Esto es absurdo y muy peligroso.