Aquel 4 de marzo de 2019 fueron a trabajar como todos los días. El gran portón metálico cerrado por una cadena con candado impedía el acceso a la terminal de operaciones portuarias de Chiquita Brands en Limón, una de las provincias más castigadas por la pobreza y el desempleo en Costa Rica.No hubo aviso previo, no importó el Sindicato, ni la Convención Colectiva. En la decisión, y en la forma de adoptarla, estuvieron ausentes normativas tanto nacionales como internacionales y, por otro lado, Chiquita Brands violentó el Convenio Marco firmado con la UITA y Colsiba.
En total fueron 180 trabajadores y trabajadoras despedidos por WhatsApp. El texto de la escueta comunicación termina con una línea cínica y perversa: “Gracias por su comprensión”.
Mientras Chiquita Brands gasta millones en el marketing de sus inmaculadas bananas, alimenta una metástasis antiobrera que admite solamente trabajadores tercerizados, sin sindicato, sin Convenio Colectivo, sin derechos y con sueldos bajos, como los que ahora están laborando en Limón.
Chiquita Brands es para la responsabilidad social empresarial lo que el coronavirus es para la salud humana: una peste.
