Ante la extensión del coronavirus, el Congreso de los Diputados se vio obligado a aprobar un decreto ley de Alarma Sanitaria, que entre otras cuestiones dispuso que a partir del 15 de marzo todos los establecimientos hoteleros deberán permanecer cerrados por un mes.
Esto está suponiendo una sangría de puestos de trabajo y está afectando uno de los sectores más importante en cuanto a ingresos en España, ya que el turismo representa año tras año un gran porcentaje del PIB total de la economía española.
Así, en 2019 el turismo contribuyó globalmente con 178.000 millones de euros al PIB español, lo que representa el 14,6 por ciento del mismo y supuso un crecimiento del 2,4 por ciento sobre las cifras del año anterior.
Medido en términos de empleo, el turismo sumó en 2019 más de 2,8 millones de trabajadores en España, lo que supone un 14,7 por ciento del empleo total.
En la hotelería y la restauración había antes de la crisis del coronavirus 1.500.000 trabajadores y trabajadoras y al día de hoy se han perdido unos 200.000 puestos de trabajo, principalmente de eventuales y subcontratados.
Esta pérdida se da a pesar de las medidas del gobierno, que ha aceptado las propuestas sindicales de créditos blandos a las empresas y sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, que se aplicarán inclusive a los trabajadores temporales fijos y fijas discontinuos que estaban por iniciar la temporada turística.
Las ventajas para las empresas son de una rebaja del 75 por ciento de la cuota empresarial a la Seguridad Social y poder acceder a ayudas. El único requisito que se exige es que las empresas que accedan a estos subsidios no pueden despedir a nadie durante seis meses.
Para los trabajadores y las trabajadoras se dispuso que no contará como que hayan consumido prestaciones por desempleo.
Aunque todas estas medidas se han dado con el objetivo de que no se pierda empleo, muchas empresas están aprovechando para despedir, excusándose en la crisis del coronavirus.
Aparte de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, como los temporales y los subcontratados, los primeros en perder su empleo, otro colectivo afectado son los fijos y fijas discontinuos.
Hemos detectado una resistencia empresarial a incorporarlos en los ERTE para no pagar la parte de Seguridad Social, lo que no deja de ser una miseria de unos 150 euros mensuales por persona.
Comisiones Obreras aboga para que todas las empresas incluyan en todos los ERTE por Fuerza Mayor a los miles de discontinuos.
A muchos de estos trabajadores y trabajadoras esta medida los ha encontrado laborando y a otros a punto de hacerlo, sobre todo en hoteles de temporada, y por esta crisis se ven en la calle, sin empleo y sin prestaciones por desempleo o agotando las que ya tenían reconocidas, cuando en el decreto ley de medidas extraordinarias se los contempla.
Continuando con su lucha a favor del colectivo de trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos, CCOO presentará alegaciones en los expedientes que se presenten por Fuerza Mayor ante las empresas y también ante la Inspección de Trabajo, que es la que tiene que emitir el informe para la Autoridad Laboral antes de la aprobación de los ERTE.
En los casos en que se aprobaran expedientes sin incluir al colectivo de fijos discontinuos, interpondremos demandas individuales de conflicto colectivo ante la jurisdicción social.
En Málaga, Gonzalo Fuentes