Si esa exoneración no se aplicara, el Estado recaudaría una suma cuatro veces superior a la que destina anualmente el gobierno federal al Ministerio de Medio Ambiente, informó, citando datos de organizaciones calificadas como la Fundación Osvaldo Cruz (Fiocruz) y la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro.
El miércoles 19 la Suprema Corte de Justicia debía pronunciarse sobre la prórroga de esta exoneración, pero decidió aplazar su decisión.
Por otra parte, y aunque las empresas productoras de estos venenos y sus defensores ̶ los beneficiarios del agronegocio ̶ lo nieguen es sabido que la mayoría de los agrotóxicos utilizados en el país son potencialmente cancerígenos, recordó Jair.
En 2017 el Sistema Único de Salud (SUS) gastó más de 4.000 millones de reales para tratar pacientes con cáncer.
En agosto pasado la inmunóloga Mônica Lopes Ferreira, directora del Laboratorio Especial de Toxicología Aplicada del Instituto Butantan de São Paulo, dirigió una investigación sobre la toxicidad de los 10 agrotóxicos más empleados en Brasil.
Su trabajo arrojó que, incluso en dosis ínfimas, de hasta una trigésima parte de los límites fijados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la totalidad de los productos analizados eran gravemente nocivos.
El resultado no sorprende, visto que decenas de estudios independientes, algunos de ellos realizados por organismos de las Naciones Unidas, como la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), han llegado a conclusiones similares, fundamentalmente en relación al glifosato, el pesticida más usado en los cultivos de soja en Brasil.
Esta investigación les costó a la científica y a su equipo una campaña de desprestigio por parte de las autoridades del propio instituto, algo que marca el poder del lobby empresarial de los agrotóxicos.
“Si el Estado brasileño deja de cobrar impuestos de esta orden por cerca de 10.000 millones de reales (unos 3.000 millones de dólares) y ofrece al Ministerio de Medio Ambiente poco más de 2.000 millones de reales de presupuesto y gasta en tratamientos contra el cáncer unos 4.000 millones, evidentemente algo anda mal”, analiza Jair.
Para el activista, el gobierno de Jair Bolsonaro tiene en muy baja consideración la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente y cuida muy bien los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que producen y comercializan estos venenos.
“Estamos todos condenados, porque no solo los agricultores y los trabajadores rurales son afectados por la utilización indiscriminada de agrotóxicos sino que los consumidores de esos productos también son víctimas”, dice.
La ausencia de información al respecto o la desinformación, promovida por los gobiernos en complicidad con las grandes corporaciones y los medios masivos de comunicación, hace que no haya una verdadera conciencia del peligro que representa el actual modelo productivo.
“El Estado brasileño decidió dar ventaja a quienes contaminan y ponen el riesgo la vida de las personas. El modelo de producción agrícola está orientado a dar lucro a pequeños grupos del agronegocio, en detrimento de su pueblo”, concluye Jair.