Un amplio informe de la revista Plan V explica que un mes después del levantamiento indígena y popular, entre el 3 y el 13 de octubre, las fuerzas armadas ecuatorianas firmaron tres contratos para armarse e incrementar la “capacidad operativa de las unidades tácticas en la ejecución de las operaciones militares en caso de nuevos disturbios”.
El objetivo del Ejército consiste en formar 204 equipos de combate, cada uno integrado por 20 personas, un total de 4.080 militares antidisturbios, “lo que representa el 15 por ciento de la totalidad del personal que se emplea en las operaciones militares internas” (https://bit.ly/2v56pmE).
En el informe que justifica la compra de material antidisturbios, el Ejército de Ecuador manifiesta que la adquisición de ese material es para “operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia porque permite disuadir a grupos de manifestantes que pretenden alterar el orden público.” (https://bit.ly/2v56pmE).
El coronel Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, compara a los manifestantes con grupos de “terrorismo urbano y sedición”, para cuya neutralización la fuerza se dedica a “seguir información clave de redes sociales” y “analizar el discurso indígena”.
El nuevo comandante de la Policía, Patricio Carrillo, mencionó el concepto clave: necesitamos mayores conocimientos sobre las “amenazas híbridas” y los riesgos que suponen para el país.
Las fuerzas armadas y policiales de América Latina entraron de lleno en el concepto de “guerra híbrida”, surgido en 2014 para explicar lo sucedido en la región Donbas de Ucrania, donde Rusia impuso microestados en su frontera en base a la movilización militar y social en zonas donde predominan la lengua y la cultura rusas.
Las fuerzas armadas de Brasil trabajan profusamente con este concepto, que les resulta ventajoso para colocar cualquier lucha popular en el contexto de una “guerra híbrida”, que se supone busca derrocar el poder establecido, justificando de ese modo la represión a movimientos sindicales y sociales.
El general en la reserva Carlos Alberto Pinto Silva, ex comandante del Comando Militar del Oeste, del Comando Militar del Sur y del Comando de Operaciones Especiales, escribió un artículo titulado “Insurgencia Moderna” en el que explica la guerra híbrida (https://bit.ly/31mv0zC).
Los militantes sociales deberíamos estudiar estos textos porque nos involucran.
El punto de partida del general Pinto, que como puede observarse no es cualquier militar, es que para las izquierdas “la vía pacífica para la conquista del poder se desmoronó”.
Se refiere a la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff y a los juicios contra su predecesor Lula da Silva que, en su opinión, fueron el modo de impedir que “el socialismo marxista” se mantuviera en el poder.
Luego explica las dos formas de guerra híbrida: la violenta o hard y la soft o pacífica.
Ésta se compone de “protestas, manifestaciones sindicales y uso de los movimientos sociales”.
Ambas formas están unidas por el objetivo estratégico de “desestabilizar a los gobernantes, desacreditar a las autoridades y crear caos en la sociedad, provocando una crisis política”.
Todo el repertorio de la acción colectiva desplegada en los dos últimos siglos, es considerada por los estrategas militares como “insurgencia moderna”.
En el mencionado artículo del general, Pinto el ejemplo de desestabilización e insurgencia son las ocupaciones de centros de estudio de los secundarios de Brasil en 2016.
Según el general, los insurgentes intentan esparcir un “virus político” que contaminará a la sociedad, cuyo objetivo consiste en “la implosión de Brasil por la vía de la convulsión social en coordinación con el potencial de protestas de la población, principalmente de los descontentos con el gobierno”.
El paso final sería la conquista del poder.
Los defensores de la teoría de la guerra híbrida sostienen que siempre hay estados detrás de cualquier protesta, en el caso de América Latina serían Cuba y Venezuela, apoyadas por Rusia y eventualmente China.
No quisiera entrar en consideraciones éticas ni subjetivas sobre esta doctrina, ni desviarnos en analizar la hipocresía y el cinismo de estas formulaciones.
Lo que pretendo es destacar cuatro cuestiones.
La primera es que estamos ante una concepción de la seguridad que comparten los principales ejércitos de Occidente y particularmente los de América Latina.
La guerra híbrida viene a sustituir la doctrina de la seguridad nacional del período de las dictaduras y la teoría de las guerras asimétricas entre Estados y grupos irregulares como las guerrillas y el narcotráfico.
La segunda es que legitima la intervención militar en el orden interno y, peor aún, que considera cualquier manifestación popular como parte de un proyecto de desestabilización del Estado.
Para contrarrestar esa posibilidad, los gobiernos se han dotado de toda una legislación antiterrorista que aplican a las luchas sociales, como viene sucediendo en varios países y como hizo el ex presidente Rafael Correa ante las luchas del movimiento indígena.
La tercera es que esta estrategia de la guerra híbrida demuestra que las fuerzas armadas no cambiaron respecto al período de las dictaduras, cuando violaron masivamente los derechos humanos.
Después de tres décadas de gobiernos democráticos en el Cono Sur y de una década y media de gobiernos progresistas, los militares se mantienen apegados a sus ancestrales reflejos antipopulares.
Por último, lo más importante, que somos nosotros.
El Estado, la clase dominante y sus aparatos coercitivos, no están dispuestos a aceptar ni siquiera el triunfo electoral de fuerzas políticas dispuestas a hacer cambios estructurales.
Tanto la vía armada como la pacífica para cambiar el mundo están vedadas.
¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, no estoy pregonando la aceptación de la realidad actual. Creo que es hora de debatir en serio los caminos para seguir adelante.