El Gran Ducado lo anunció la semana pasada, con un plan progresivo para implementar la prohibición a lo largo de este año: el 1 de febrero se retirarán los permisos de comercialización del cancerígeno herbicida producido por Monsanto-Bayer; el 30 de junio deberán acabarse las existencias y hasta el 31 de diciembre habrá un plazo de gracia para su uso.
“Estamos dando un paso decisivo en un enfoque sostenible que responde a las ambiciones de un uso de los productos fitofarmacéuticos moderno y respetuoso con el medio ambiente”, dijo el ministro de Agricultura, Romain Schneider, al anunciar la medida.
En la UE, la licencia para el uso del glifosato expira en diciembre de 2022. Varios países han manifestado que pretenden dejar de emplearlo, entre ellos Francia, pero muy poco han hecho en concreto hasta ahora.
Austria había decidido eliminar su empleo desde el 1 de enero pasado, pero debió suspender la iniciativa porque omitió comunicarla a la Comisión Europea y esperar a que los órganos regionales lo discutieran y que quienes quisieran (seguramente las transnacionales que lo promueven y organizaciones agrícolas) formularan objeciones.
Luxemburgo, un pequeño de país de 600.000 habitantes, el de mayor ingreso per cápita de Europa, tiene unas mil unidades agrícolas activas. Más de la mitad de ellas había dejado de utilizar el glifosato en el tratamiento de sus cultivos, incentivadas por medidas del gobierno en ese sentido.
Los propietarios del 40 y pico por ciento de las explotaciones que aún lo empleaban se quejaron por el bajo monto de las indemnizaciones (30 euros por hectárea en las tierras agrícolas y 50 en las vitivinícolas) y reclamaron su incremento en este 2020 ahora que la prohibición ya es un hecho.
La prohibición total del glifosato viene siendo reclamada por organizaciones sociales de toda Europa desde hace años, en aplicación al menos del “principio de precaución” ante los miles de casos denunciados de enfermedades graves padecidas por agricultores y por poblaciones afectadas por las fumigaciones y en base a estudios científicos independientes que probaron su toxicidad.
El único motivo por el cual la medida no ha sido aún implementada es la resistencia y el poder gigantesco de las transnacionales del agronegocio y su imbricación con las autoridades políticas, denunció entre muchísimas otras la ONG We Move Europe en un documento de denuncia sobre la manera en la que la Comisión Europea ha venido postergando año a año la interdicción del glifosato.