Luego que se conocieran, un par de meses atrás, los últimos datos del Instituto de Estadísticas (Indec) sobre la pobreza, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), comentó que hacia fin de año habrá seguramente en el país “entre 39 y 40 por ciento de pobres”.
“El proceso no llegó todavía a su techo, porque la dinámica actual es de aumento de la inflación con profundización del estancamiento”, dijo.
Terminado el primer semestre del año, el Indec había situado el nivel de pobreza en 35,4 por ciento de la población y el de indigencia en 7,7.
Las cifras habían ido creciendo exponencialmente: del 25 por ciento de fines de 2017 a 33 en el último trimestre del año pasado, 34 en el primer trimestre de 2019 y 36 en el segundo trimestre. “Por eso el promedio es del 35. Hoy estaremos en 37 o 38 por ciento”, dijo Salvia, que hizo estos comentarios en setiembre.
El 25 por ciento de pobreza de 2017 era, además, una cifra artificial, producto de “planes sociales” de última hora típicos de año electoral.
Pero la política de Macri se enunció claramente desde que asumió el gobierno, a fines de 2015: “el país tendrá que sincerarse”, dijo, y eliminó subsidios al gas y a la energía eléctrica, comenzó a inclinar cada vez más la balanza hacia los empresarios (el suyo fue y es un gobierno de CEO) e intentó aplicar una reforma laboral similar a la brasilera y a otras que por el mundo pululan.
Si no la pudo aplicar fue por la resistencia de los sindicatos, que salieron a las calles y paralizaron el país en sucesivas jornadas de lucha un par de años atrás.
La situación hoy “es grave, por dos motivos”, afirmó Salvia: “no deja respiro a los hogares, que ven devorados sus ingresos del mes anterior y al mismo tiempo no logran compensar la pérdida con más trabajo».
“El presupuesto no solamente no te alcanza sino que no podés planificar para el futuro. Tenés que caer en endeudamiento, reducción de la dieta, los gastos de salud, educación, vivienda. Te empobrecés en materia de ingresos y en todas tus condiciones de vida”, completó en una entrevista.
Sectores medios y bajos que “habían conocido la pobreza en 2001” en sus familias y que habían logrado salir de ella en 2004 o 2005, recayeron en ella.
“No son sectores marginales. Los marginales cayeron en la indigencia, que hoy estaría en un 8 o 9 por ciento. En promedio, del segundo trimestre de 2018 al segundo trimestre de este año, el ingreso real per cápita de cada argentino urbano cayó 12 por ciento. Y en el 20 por ciento más pobre cayó casi un 20”.
Unos meses antes del informe del Indec, a fines de marzo, la UCA había divulgado su propia investigación sobre la pobreza multidimensional, a partir no sólo de datos sobre el ingreso de la población sino también por la satisfacción de derechos sociales como el acceso a alimentación, salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social.
La encuesta –realizada a partir de una muestra de 5.800 casos de personas que habitan en hogares de núcleos urbanos de un mínimo de 80.000 habitantes- arrojó que la pobreza multidimensional había pasado de 26,6 por ciento de la población en 2017 al 31,3 en 2018.
Seis meses atrás había pues en Argentina 12,7 millones de personas viviendo con “carencias importantes”.
“Hoy son seguramente muchas más”, comentó recientemente Salvia.
Sólo algunos datos: del tercer trimestre de 2017 al mismo lapso de 2018 la población con inseguridad alimentaria severa trepó de 6,2 al 7,9 por ciento, y la que presentaba insuficiencias en los niveles de atención médica, medicamentos y alimentos de 26,6 a 28,2 por ciento.
La caída en los ingresos, en los salarios y la mayor precariedad laboral son las causas principales del empeoramiento.
“La falta de un trabajo formal y el aumento del desempleo de larga duración explican también el aumento de la pobreza estructural”, destacó el director del Observatorio.
Y agregó: “El núcleo de la pobreza estructural en Argentina se agravó en estos últimos tiempos porque hay más gente con una o más carencias registradas y esto marca que la brecha social cada vez se va ampliando más en el país”.
A fines de agosto pasado, el Observatorio difundió un nuevo informe centrado en la inseguridad alimentaria en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.
Encargado por la Defensoría del Pueblo local, el documento reveló que la población infantil y adolescente que se alimenta en comedores comunitarios pasó de 17,4 por ciento en 2010 a 35,8 en 2017 y a 40 en el tercer trimestre de 2018.
El 7,8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Gran Buenos Aires, el cinturón urbano que rodea a la capital, no consume ningún nutriente esencial (carne, lácteos, frutas o verduras) en su dieta diaria, afirma el documento, citado por el diario Clarín.
Los establecimientos escolares son los únicos lugares en que buena parte de esa franja de la población recibe algún tipo de alimentos. Fuera de ellos, poco y nada y poco y malo.
Entre los niños del Gran Buenos Aires que viven en hogares que no pueden comprar alimentos, el 6,46 por ciento del total, algo menos de la mitad no reciben ningún tipo de asistencia alimentaria.
“Que la alimentación principal gire en torno a la escuela no sirve, porque los más pequeños y los adolescentes quedan fuera, como las madres, y los padres, y los fines de semana tampoco hay qué comer”, comentó Ianina Tuñón, coordinadora del informe.
Son comunes los casos de niños y niñas que van a la escuela con un tupper para llevarles parte de la comida que se les da a ellos a sus hermanos más pequeños.
La respuesta de Macri ante estos datos que “no esperaba” fue decretar la “emergencia alimentaria”, que se tradujo en concreto en unas pocas migajas más de asistencialismo en algunos de los barrios y poblaciones más carenciados del país.
Pero informes periodísticos recientes demostraron que la situación cambió muy poco y que la calidad de los alimentos repartidos en escuelas o comedores asistidos era de mala a pésima, incluso peor que antes del decreto de emergencia.
“La inseguridad alimentaria se disparó en el último año, y seguramente seguirá subiendo porque la situación económica está peor. La transferencia alimentaria no es suficiente, no alcanza a solucionar la magnitud del problema”, comentó Tuñón.
Lo que está en acusación detrás de estas cifras vergonzosas para un país que fue considerado el granero del mundo, dijo recientemente a La Rel Jozé Pihen, secretario general de la CGT Regional Córdoba, es el conjunto de un modelo que amplios sectores del sindicalismo vienen denunciando.
“Tenemos las cifras de pobreza más altas de los últimos 17 años, con 15 millones de personas que no logran superar los umbrales mínimos para su desarrollo, y más de 3 millones de ellas con ingresos inferiores a los necesarios mínimos para su manutención alimentaria, entre las cuales 1,2 millones de niños”.
“Este modelo de ajustes continuos en detrimento de los trabajadores y de los sectores populares, de desindustrialización, venta del país, que genera pobreza, hambre u discusión, hay que cambiarlo y ya”, dijo por su lado el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la misma provincia, Héctor Morcillo.
Morcillo llamó a trabajadores y trabajadores a ser parte activa del cambio. “Nos va la vida”, dijo.