Ahora las cosas son bien diferentes. En primer lugar, hay grandes movilizaciones que colmaron las grandes avenidas, como las 100.000 personas que ocuparon la Avenida Paulista (São Paulo), el 4 setiembre, y que se repitieron en diversas ciudades.
En segundo lugar, regresa un clima de pelea, ya que no estamos ante los tradicionales desfiles burocráticos: se grita y se cantan consignas, siendo las principales “Fora Temer” y el reclamo de “Diretas Já” (Elecciones directas ya), el mismo lema que caracterizó la a transición democrática hace tres décadas.
Aún es pronto para saber si la oleada de movilizaciones se mantendrá, o si tenderá a extinguirse a medida que se acerquen las elecciones municipales y estatales de octubre. También es cierto que no fueron tan masivas como las de junio de 2013, ni siquiera como las que protagonizó la derecha en 2015.
Pero lo importante, y lo que habrá de tener impacto de larga duración, es que los sectores populares volvieron a las calles, un espacio que nunca deberían haber abandonado y en el que se hizo fuerte la derecha para conseguir la destitución de Dilma.
La tercera cuestión es que reaparece la tensión organizativa. La actual oposición se ha estructurado en dos frentes, creados entre setiembre y octubre de 2015, para contrarrestar el vigoroso ataque de la derecha.
El Frente Brasil Popular (FBP) es una amplia coalición de partidos de izquierda, la central sindical CUT y la federación de estudiantes universitarios, en la que participan algunos movimientos sociales y personalidades como Roberto Requião, senador del oficialista PMDB y ex gobernador de Paraná.
El FBP aparece hegemonizado por el PT y es la apuesta de Lula para recuperar el protagonismo de la izquierda.
El Frente Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo) fue creado por unas 30 organizaciones, entre las que destaca el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), liderado por Guilherme Boulos, sindicatos, grupos juveniles, la iglesia católica, partidos como el PSOL y personalidades como Frei Betto.
Esta coalición también se movilizó contra la destitución de la presidenta, pero se caracterizó por oponerse con vehemencia a las políticas de austeridad y al ajuste fiscal de Dilma, propone elevar impuestos a las grandes fortunas y al capital financiero.
Boulos ha conseguido colocarse como un referente cada vez más importante en el escenario político brasileño, capaz de unir alrededor de los Sin Techo a una diversidad de colectivos que no se subordinaron a los gobiernos del PT, ni compartieron su política desarrollista basada en el modelo extractivo de exportación de materias primas.
La cuarta cuestión es la reaparición del debate político de fondo, tanto táctico como estratégico.
En agosto y setiembre hubo una fuerte polémica a raíz de la participación de en las movilizaciones de los llamados “black blocs”, encapuchados que se montan en las marchas para realizar ataques violentos a símbolos del sistema, criticados porque darían pie a la Policía Militar a reprimir indiscriminadamente.
Boulos tomó distancia de esa táctica, que “aparta personas de las manifestaciones y toma decisiones que nos afectan a todos”, aunque puntualizó, luego que 26 jóvenes fueran detenidos el 4 de setiembre tras una marcha pacífica, que “discrepar con las acciones black bloc no significa criminalizarlos”.
Lo interesante es que retornan los debates políticos de fondo sobre cómo luchar y para qué hacerlo. En la misma dirección, comienzan a profundizarse las discusiones sobre el tipo de sociedad que proponen, lo que implica trazar un balance del lulismo.
Además de mantener diferencias sobre la participación electoral, el Frente Brasil Popular y Povo Sem Medo tienen agudas discrepancias sobre las alianzas con las grandes empresas (que fue el eje de la política del PT en el gobierno) y el papel del extractivismo sojero y minero.
Son diferencias demasiado gruesas como para mantener la unidad de acción más allá de las elecciones del próximo mes, en las que el PT y sus aliados se juegan su futuro institucional.
A grandes rasgos, se puede decir que el FBP se inspira en la candidatura de Lula para 2018, mientras Povo Sem Medo tiende a referenciarse en las movilizaciones de junio de 2013.
El debate apenas comienza.
Algunos propagandistas han enfatizado en que Brasil vivió un golpe de Estado similar al que, en 1964, instauró la dictadura militar.
Apoyándose en que el gobierno Temer es, fuera de dudas, ilegítimo y que sus impulsores están rodeados de un tupido manto de corrupción, este sector busca minimizar el hecho –también incontrovertible- de que los gobiernos del PT alfombraron su propia caída.
Buena parte de la política represiva y neoliberal de Temer se inició bajo el gobierno de Dilma, además de que el ex vicepresidente fue colocado en ese lugar por el propio Lula.
Se debe recordar que Dilma (con apoyo del PT) designó al economista neoliberal Joaquim Levy al frente del Ministerio de Finanzas, que fue ella quien lanzó el ajuste fiscal y la política de austeridad y, quizá su peor herencia, quien elaboró y aprobó una ley antiterrorista que criminaliza a los movimientos sociales. Esta herencia divide profundamente a la izquierda brasileña.
El filósofo Paulo Arantes sostiene que mientras el golpe del 64 interrumpió un proceso político, el actual profundizó las políticas en curso.
Por eso, muchos creen que las actuales manifestaciones en Brasil no pueden limitarse a impulsar el retorno de Lula.
“Luche y vuelve”, la popular consigna peronista de los setenta que sirvió para unir a toda la oposición a la dictadura de Agustín Lanusse (1971-1973), no es capaz de aglutinar hoy a todos los que rechazan al impostor instalado en el Palacio de Planalto.