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Presidente de la República del Paraguay
Señor Luis Federico Franco Gómez
Presidente Electo de la República del Paraguay
Señor Horacio Manuel Cartes
Ref.: Campesinos presos sin pruebas
De mi consideración:
El próximo 15 de junio se cumple el primer año de la llamada “Masacre de Curuguaty” en la cual fueron asesinados seis policías y once campesinos.
Los hechos permanecen aún sin aclaración, aunque existen numerosos testimonios, pruebas e indicios de que los campesinos y campesinas que se encuentran actualmente detenidos no tuvieron ninguna participación en los sucesos más que como víctimas.
Sin embargo, todavía están presos en las penitenciaría de Coronel Oviedo y Tacumbú Rubén Villalba, Felipe Balmori, Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Néstor Castro, y en prisión domiciliaria Dolores López (embarazada), María Fani Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería.
También se debe señalar la escasa investigación del asesinato en diciembre de 2012 del campesino Vidal Vega, quien estuvo presente en el lugar y participó activamente en la investigación independiente de la Masacre de Curuguaty, a la cual aportó valiosos datos.
Es particularmente preocupante la situación de Rubén Villalba y Néstor Castro, ambos heridos en el rostro durante la balacera. Hay información acerca de la insuficiente e inadecuada asistencia médica que están recibiendo estos detenidos.
Varios de ellos han realizado una penosa y extensa huelga de hambre en protesta por su injusta y prolongada detención, así como por las condiciones indignas de su encarcelamiento.
Las acusaciones que pesan sobre ellos por parte del fiscal Jalil Rachid son de carácter genérico y no se ha presentado ninguna prueba real de la culpabilidad de los prisioneros y prisioneras. Su detención, por tanto, resulta totalmente injustificada.
Esto es aún más flagrante si se tiene en cuenta que en el inicio de la Audiencia Preliminar, el pasado martes 4 de junio, el caso entró en receso hasta que se elucide si las tierras que habían ocupado los labriegos son de propiedad fiscal o privada.
Este trámite puede durar semanas, incluso meses, y mientras tanto los 15 acusados verán prolongada su prisión por el mero hecho de haber estado en el lugar en el momento de los asesinatos, pero sin haber participado en absoluto en ninguno de ellos. Ni siquiera son culpables de haber opuesto resistencia a la presencia policial.
Señores presidentes: nos parece evidente que estamos ante un caso de injusta privación de libertad, lo que configura un grave atentado contra los derechos humanos de los detenidos.
Llamamos su atención sobre la notoriedad nacional e internacional que está recibiendo este caso que, además, fue la piedra angular para la destitución parlamentaria del ex presidente Fernando Lugo, proceso que recibió fuertes cuestionamientos en toda la región.
Sería extremadamente oportuno, además de profundamente justo, que desde sus investiduras se utilizaran todos los recursos que la legalidad les permita para favorecer la libertad provisoria de los detenidos hasta que se reinicie el proceso en la sede judicial.
La UITA y sus 384 afiliadas en 124 países, se suman al reclamo de sindicatos y organizaciones sociales de Paraguay y del mundo en favor de la liberación de los 11 prisioneros de la Masacre de Curuguaty.
Permaneceremos atentos al desarrollo de todos los acontecimientos relacionados con este caso.
Atentamente,
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
Montevideo, 10 de junio de 2013
c/c.: Amnistía Internacional, Comité de Derechos Humanos de la ONU, OIT, Movimiento de Justicia y Derechos Humanos Brasil (MDJH), Comisión Interamericana de Derechos Humanos FIAN Internacional, Activista de Derechos Humanos Paì Oliva, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Grupo Profesional de Trabajadores de la Agricultura (GPTA-UITA), UNASUR, Centrales Sindicales de América Latina, Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) y Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURPA).
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