Venidos de diferentes territorios de los pueblos Chorotega, Maleku, Bribri, Cabécar, Boruca, Bröran, Ngöbe, nos unen los valores del Buen Vivir, la defensa y el respeto de nuestra Madre Tierra, nuestra autonomía, diversidad e identidad cultural y espiritual.
Reconocemos que estas sesiones de apertura e Instalación del Congreso Indígena Nacional son parte de un proceso previo de encuentros preparatorios en las comunidades realizado desde 2018.
Manifestamos que el Congreso Indígena Nacional constituye un espacio de participación indígena para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural y espiritual, y la articulación de los pueblos indígenas en Costa Rica para avanzar en una agenda común propia y representativa desde la autonomía de los pueblos originarios y nuestros derechos reconocidos por convenios internacionales de derechos humanos y la legislación costarricense.
Afirmamos en reunión y reflexión que la agenda del Estado y gobierno costarricense no representa la voz de los pueblos indígenas al tener planes de desarrollo que no son compatibles con los valores que nos unen.
La agenda estatal ha sido contraria a nuestras espiritualidades y ha logrado que con la imposición de sus programas y políticas, algunas y algunos de nuestros hermanos se sientan ajenos a los temas propios de nuestra realidad y por eso no se identifican con la lucha de sus derechos.
Repudiamos la indiferencia del gobierno hacia el proceso de recuperación de tierras ejercido de forma directa por compañeras y compañeros indígenas en diferentes pueblos como parte del proceso de afirmación territorial autónoma, en muchos casos con el cómplice respaldo a personas usurpadoras; incluso en claro desacato de la Medida Cautelar 321-12 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Resolución 16/15 del 30 de abril de 2015.
Esa medida obliga al Estado costarricense a garantizar la vida e integridad personal de nuestras y nuestros hermanos en Térraba y Salitre y la continua amenaza, agresiones y persecuciones a quienes seguimos luchando por nuestros derechos.
Denunciamos que después de 527 años de conquista y colonización continúa la violencia e ineficiencia articulada y cómplice de los órganos del Estado, en especial del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo, con sus instancias gubernamentales como el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio de Seguridad bajo mando del presidente de la república, jueces y fiscales, que crearon un clima propicio para la violencia contra los pueblos indígenas y el favorecimiento a personas no indígenas.
Responsabilizamos al Estado y gobierno costarricense por la criminalización de nuestra lucha, que ha llegado al asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, miembro del, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).
El incumplimiento de las leyes y la inoperancia de las estructuras estatales en continua y manifiesta negligencia de sus deberes en cuanto a ordenamiento y saneamiento territorial en observancia del derecho consuetudinario son causa estructural y sistemática de la violencia contra nuestros pueblos, del despojo de nuestras tierras y la violación a nuestros derechos.
Reafirmamos que nuestra defensa es por el proyecto de vida de cada uno de nuestros pueblos, frente al proyecto de muerte que pretende nuestra aniquilación a veces de manera disimulada y otras veces de manera descarada.
Manifestamos que el proyecto de muerte a nuestras culturas es todo aquello que amenaza el fluir de nuestra Madre Tierra y pretende el despojo y exterminio de nuestras culturas.
Hemos consensuado y reafirmado la importancia de articularnos con la mirada en alto.
Recordamos y reafirmamos que aunque la sangre de compañeras y compañeros ha sido derramada vilmente, seguiremos defendiendo nuestro derecho a la Tierra, a la autonomía de nuestros pueblos, a la libertad, al Buen Vivir. No vamos a claudicar.
Enfatizando que somos los descendientes directos de los pueblos originarios, con respaldo del derecho consuetudinario e instrumentos legales que le protegen, exigimos la ejecución del correspondiente saneamiento territorial para que las tierras sean devueltas a nuestros pueblos y queden libres de invasiones y usurpaciones.
Reclamamos el respeto de nuestra autonomía para el fortalecimiento sin obstaculización de las estructuras ancestrales que transmiten nuestra cultura, espiritualidad, educación propia y derecho originario.
Rechazamos que nuestras tierras se entreguen a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) por ser una estructura impuesta.
Nuestras tierras deben ser devueltas a los pueblos indígenas y que sean las estructuras de autogobierno tradicional de cada territorio las que las administren.
También rechazamos cualquier estructura o entidad impuesta por el Estado.
Los pueblos originarios tenemos autogobiernos, que son las únicas estructuras legítimas para decidir sobre cada acción en nuestro territorio.
Identificamos que nuestras prioridades colectivas y comunes giran en torno a defender a nuestra Madre Tierra (…), la búsqueda de la unidad nacional de los pueblos indígenas en Costa Rica y la erradicación de instancias impuestas como las ADI, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la Mesa Nacional Indígena y cualquier otra que haya pretendido acaparar nuestra voz.
Proclamamos en los siguientes siete ejes la Agenda Común Propia Indígena: recuperación de tierras, autonomía, cultura, gobernanza tradicional, identidad, espiritualidad, educación propia.
Esta agenda la trabajaremos en cada comunidad, en cada territorio, en cada pueblo.
Destacamos la obligación del Estado y gobierno costarricense frente a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de instrumentos que reconocen los derechos humanos de los pueblos indígenas y la existencia en letra de múltiples normas nacionales en ese mismo sentido.
Demandamos del Estado y Gobierno de Costa Rica el respeto y la voluntad política para la ejecución de esta declaración, la protección de los pueblos indígenas y sus defensoras y sus defensores.
Y como gesto de buena fe para los pueblos indígenas exigimos el respeto de nuestra Madre Tierra, cumpliendo con el saneamiento territorial, aplicando las sentencias de desalojo en firme que ya existen, y sólo indemnizar a los poseedores que demuestren la buena fe según las leyes y desalojar a las personas usurpadoras.
Exhortamos a todas las autoridades, en especial a las autoridades judiciales, jueces, magistrados/as, abogados/as y demás operadores del Derecho, el deber de interpretar y aplicar las leyes de acuerdo a los convenios internacionales y las resoluciones relacionadas con nuestros derechos.
Exigimos justicia pronta y cumplida en la determinación y ejecución de responsabilidades para los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak de Salitre, miembro fundador del FRENAPI y miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CODIAW) Cuidadores de la Madre Tierra.
Reafirmamos nuestra voluntad de continuar el proceso del Congreso Indígena Nacional (COIN) en nuestros pueblos y comunidades en lucha, resistencia y reivindicación por nuestra autonomía y derechos.
Escuela Gremial de ANDE, Belén, Heredia, 9 de agosto de 2019
(Firman: Delegadas y delegados asistentes al Congreso Indígena Nacional-COIN)
Agradecemos a Guillermo Segura de la ANDE el envío de esta Declaración.