En opinión de AMLO, todas ellas son parásitas o corruptas y se aprovechan de los subsidios, desviando los fondos en provecho de los dirigentes.
Si bien es cierto que hay casos de corrupción, no parece adecuado poner a todas las organizaciones sociales en la misma bolsa.
Con el objetivo de pasar por arriba de las organizaciones, en general, se propone que cada beneficiario obtenga una tarjeta bancaria, que será del Banco Azteca, una entidad privada, lo que implica abrir una cuenta para “bancarizar” las políticas sociales.
En el debate mexicano, la investigadora del grupo ETC Silvia Ribeiro critica la dureza con la que AMLO se refiere a las organizaciones populares, que contrasta con las buenas relaciones que mantiene con el mundo empresarial.
“El amplísimo y laxo criterio que AMLO usa para considerar a los grandes empresarios, con quienes se ha reunido amigablemente en repetidas ocasiones, se transforma en cerrazón total frente a todas las organizaciones sociales, incluso las organizaciones campesinas que lo apoyaron para llegar al gobierno”, dice ().
En su opinión, el gobierno busca “establecer una nueva relación del Estado con los individuos, sin molestos ‘intermediarios sociales’”. Peor aún, AMLO está empeñado en promover el desarrollo de México y el extractivismo petrolero, lo que lo lleva a enfrentarse con los pueblos a los que no reconoce como tales.
En esa concepción, “los pueblos indios no son pueblos con una larga y digna historia, sino individuos pobres a los que hay que ayudar para integrarse al capitalismo y a la civilización petrolera”, señala Ribeiro.
A la luz de lo sucedido en los países en los que gobernó el progresismo, como Argentina y Brasil, aunque también se podría extender a Uruguay, la relación que establece el gobierno de AMLO con los movimientos sociales (utilizando las políticas sociales como eje de ese vínculo), podemos extraer algunas enseñanzas.
La primera consiste en el ninguneo a los movimientos populares, que tan importante papel jugaron para deslegitimar a los gobiernos anteriores y abrir las puertas a la llegada de AMLO al gobierno.
Por un lado, organiza “consultas” no vinculantes para plebiscitar obras que ya están decididas, como el Tren Maya, sin abrir debates sino apelando a urnas improvisadas en las calles por sus partidarios, sin el menor control de ninguna institución.
Esta forma plebiscitaria de gobernar pasa por alto la consulta a los pueblos afectados, como estipula el Convenio 169 de la OIT, abusando del mecanismo del referendo que consigue validar usando su legitimidad como caudillo.
Además y como se ha señalado, el gobierno no considera que en México hay pueblos (más de 60 grupos originarios o indígenas, que suman el 15 por ciento de la población), que se rigen por usos y costumbres, se organizan en comunidades, tienen sus propias autoridades y funcionan de forma autónoma, como lo reconoce la propia legislación del país.
En su lugar, se dirige a los individuos, lo que implica la negación de pueblos enteros.
El segundo problema de las políticas sociales bancarizadas, es que benefician al sector financiero, alientan el consumismo y debilitan el entramado organizativo de los movimientos populares.
En Brasil, el programa Bolsa Familia consiguió ayudar a los más pobres, pero a la vez multiplicó las ganancias del sector financiero.
En los ochos años de Fernando Henrique Cardoso (19952003), o sea en pleno período neoliberal, las ganancias de los bancos crecieron entre 10 y 11 por ciento. En los ochos años de Lula (20032011) sus ganancias llegaron al 14 por ciento*.
Al no haber realizado reformas estructurales (agraria, urbana e impositiva), el progresismo promovió la integración de los sectores populares a través del consumo, lo que tuvo dos consecuencias dramáticas: endeudamiento masivo, o sea mayor fragilidad ante la banca acreedora, y despolitización.
Al tener cuenta bancaria y tarjeta, los beneficiarios de programas sociales pueden obtener créditos para el consumo con consecuencias dramáticas: en Brasil, en 2015 la deuda de las familias con la banca comprometía el 48 por ciento de sus ingresos, frente al 22 en 2006.
En las nuevas clases medias, el 65 por ciento de los ingresos van al pago de servicios financieros.
Entre 2001 y 2015 (el PT gobernó entre 2003 y 2016), el salario medio brasileño creció un 80 por ciento, mientras el crédito individual trepó un 140.
La llamada “inclusión financiera” llegó a los más remotos rincones donde habitan los sectores populares. Mientras no hubo cambios significativos en el sistema de salud, en la educación y en el saneamiento, pudieron consumir y se endeudaron, lo que los hizo más frágiles.
La tercera cuestión que presenta una enorme similitud con la performance de los gobiernos progresistas en Argentina y Brasil es el aumento consistente de la violencia y la represión.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en los diez primeros años de los gobiernos kirchneristas en Argentina hubo 246 muertos por año por “gatillo fácil”, frente a un promedio de 68 en la década de los 90 de Menem.
Eso a pesar de que el kirchnerismo se empeñó en defender los derechos humanos y puso límites a la represión.
En Brasil, las muertes violentas crecieron un 50 por ciento desde que Lula llegó al gobierno.
Entre 2002 y 2013 las muertes violentas de blancos cayeron un 25%, mientras las de negros crecieron un 39. La tasa de muertes se ha duplicado entre la población pobre, negra y favelada.
Lo anterior no debe achacarse directamente a los gobiernos progresistas, sino que es resultado de un modelo de acumulación que deja por fuera a la mitad de la población, situación que en Brasil se complejiza por la herencia colonial que nunca ha sido superada.
En México, AMLO decidió la creación de una Guardia Nacional militarizada, dirigida por oficiales de las fuerzas armadas, que tiene funciones policiales.
Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana de México, considera que la Guardia Nacional es “un brazo armado de control y sometimiento político” y nace como “una semilla de riesgo autoritario y de usos represivos” ().
El especialista va algo más lejos. “Estamos ante un escenario inédito: los militares se han mimetizado con el poder civil en la medida que han obtenido y ampliado prerrogativas y privilegios de carácter político y presupuestal; además de un claro esquema de impunidad ante la comisión de violaciones graves y comprobadas a los derechos humanos”.
Por eso, estima que la Guardia Nacional no será legítima y condena a las nuevas generaciones a seguir contando cadáveres y a padecer violaciones a los derechos humanos.
“La izquierda mexicana en el poder se traiciona a sí misma y al país”, concluye Tirado.
*Decio Machado y Raúl Zibechi, “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”, Desdeabajo, Bogotá, 2016.