El proceso judicial fue impulsado por el Centro para Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) e incluyó una veintena de solicitudes de información realizadas bajo la Ley de Libertad de Información.
Las matanzas a investigar son las de Mozote, en Morazán, la más extensa y brutal cometida en América Latina, la del Sumpul, en Chalatengo, y la “Masacre del Calabozo”, en San Esteban Catarina, San Vicente.
Los militares y los gobiernos salvadoreños han negado recurrentemente la existencia de archivos militares relativos a esas y otras masacres.
Lo cual no es creíble, y esta decisión judicial pasa por el hecho que el Comando Sur de Estados Unidos estuvo directamente implicado en la asistencia militar a las operaciones del Ejército salvadoreño a lo largo de toda la guerra civil.
El fallo de la jueza de Seattle implicaría la segunda desclasificación más importante en la historia de documentos de la guerra civil salvadoreña, después que el ex presidente Bill Clinton ordenara en 1992 a la Agencia Central de Inteligencia liberar información incluida en el informe de la Comisión de la Verdad salvadoreña.
Para entender este fallo judicial La Rel conversó con Sergio Salinas.
Sergio era un organizador sindical de larga data en El Salvador cuando la casa de su familia fue atacada por un escuadrón de la muerte en 1980, falleciendo un hermano político y un amigo. Unos días después Sergio fue capturado.
Tras padecer cárcel y torturas marchó al exilio ayudado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En 1992 se incorporó a la campaña “Justice for Janitors” (Justicia para los limpiadores de edificios) cuando el sindicato SEIU le ofreció empleo como activista.
“Había organizado trabajadores toda mi vida y era la primera vez que me lo ofrecían como un empleo”, dijo en una reciente entrevista.
La campaña también se convirtió en el camino de ingreso al mundo sindical estadounidense de miles de personas centroamericanas que laboraban en empleos precarios, sufriendo todo tipo de abusos y vejámenes mientras limpiaban los más lujosos edificios en las principales ciudades del país.
Entre 2002 y 2019, Sergio se desempeñó como presidente del Local 6 de Seattle, que se enfocó en organizar trabajadores de aeropuertos y empresas subcontratistas del sector privado.
Basándose en una estrategia de apoyo en la comunidad e incidencia en los políticos para legislar a favor de los trabajadores y trabajadoras, el sindicato casi triplicó sus miembros en una época de grandes dificultades para el movimiento sindical en Estados Unidos y en todo el mundo.
Uno de los grandes avances de los últimos años fue el de la campaña internacional “Figth for Fifteen”, que ha logrado que en Seattle y otras ciudades estadounidenses el salario de los trabajadores de McDonalds y otros restaurantes de comida rápida llegue a un mínimo de 15 dólares por hora en 2020.
La Rel UITA y sus organizaciones afiliadas apoyaron con entusiasmo esa campaña.
-¿Cuéntanos cómo era la situación política cuando te fuiste de El Salvador?
-Salí del país en 1981 con ayuda del CICR, luego de haber estado por casi un año en el penal de Mariona. Logré llegar a México, donde solicité asilo político y estuve residiendo en Ciudad de México y Oaxaca durante algún tiempo.
La crisis política y económica era bastante fuerte y en 1984 decidí proseguir camino hacia Los Ángeles, donde vivía mi padre. Pero quería hablar inglés y en Los Ángeles todos hablábamos español, así que decidí formar parte de una caravana a Seattle en el marco del activismo por las Ciudades Santuario.
Cuando llegamos a Seattle recibimos mucho apoyo de la comunidad, de las iglesias y de los estudiantes y profesores de la UWCHR. Los centroamericanos teníamos un activismo muy fuerte para que la ciudad fuera declarada santuario para refugiados.
En esos años empezaron a llegar también refugiados de Sudáfrica, por lo que incorporamos a nuestros mensajes también la lucha contra el apartheid.
Coordinábamos con todas las organizaciones de la comunidad, organizábamos actos de solidaridad para concientizar a los líderes comunitarios y políticos. Los estudiantes de la UWCHR eran un gran apoyo.
-¿Esa tradición de solidaridad con los refugiados de la comunidad de Seattle explica esta decisión judicial?
-En gran medida sí. Creo además que marca un precedente, porque nunca se había exigido información al Comando Sur.
Los jueces federales en Estados Unidos son una autoridad indiscutida, y si te dicen que algo lo tienes que hacer lo tienes que hacer.
En la zona oeste de Estados Unidos los jueces se caracterizan por ser muy progresistas. Se concientizaron a mediados de los ochenta, una época en que eran aliados de aquel movimiento que logró constituir a Seattle como lo que hoy es, una Ciudad Santuario.
Ese movimiento se ha mantenido, aunque ha ido cambiando. Hoy hay nuevas generaciones y nuevos temas y enfoques, pero el movimiento progresista en la zona de Seattle es muy fuerte.