Otro garrotazo al agro nacional

Es obvio que durante la campaña electoral en curso de esto no les hablarán a sus electores rurales –campesinos, indígenas y empresarios– los partidarios del presidente Juan Manuel Santos que votaron por el sí.

 

La decisión del presidente de imponerle a Colombia la Alianza del Pacífico –sin que además se permitiera un debate auténticamente democrático– tiene otro agravante: la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que agremia un gran porcentaje de la producción empresarial del país, advirtió lo dañino que será ese tratado para lo que sobrevive del agro, porque causará severas pérdidas a 202 productos y subproductos, entre ellos arroz, semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales, maíz blanco y amarillo, fríjol rojo, carnes de cerdo, pollo y res, azúcar y productos derivados (preparaciones y etanol), leche y lácteos.

 

La SAC también explicó que está en juego el 48 por ciento de la producción agropecuaria, la cual aporta 1,2 millones de empleos y nueve millones de toneladas, por un valor de 16,9 billones de pesos.

Ha sido tan agresiva la actitud de Santos y del santismo a favor de la Alianza del Pacífico –con el pretexto de que la producción debe entregarse en bandeja de plata en ceremonia en los próximos días– que el gobierno definió sesiones conjuntas en el Congreso.

 

El presidente de la SAC solo pudo opinar en el Senado, tras dos días de exigencias del Polo Democrático Alternativo.

 

¿Se necesitan más pruebas de que este gobierno sustituye con descaro el trabajo nacional por el extranjero en el agro, como también sucede en la industria, con la diferencia de que en ésta callan los que deberían reclamar?

 

En el afán de votar en el Senado la Alianza del Pacífico, donde hasta santistas dudaron en aprobarla, ocurrieron dos hechos que retratan al gobierno de cuerpo entero. Sergio Díaz Granados, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, levantó la peregrina teoría de que no había que preocuparse porque se trataba “apenas” de un acuerdo marco, que luego se precisará, como si no se supiera que éste tiene como objetivo “construir (…) un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes” y que consagra el propósito de “liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, con miras a consolidar una zona de libre comercio entre las partes”. 

 

Y el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo fue capaz de respaldar las falacias del ministro de comercio, despropósito que me hizo reiterarle la petición de renunciar a su cargo, en razón de su mala atención a las necesidades del café y el resto del agro y de defender el futuro del sector agropecuario nacional*.

 

Que nadie se sorprenda si todos los sectores del agro se unen y movilizan en contra de nuevos TLC y por la renegociación de los vigentes, por créditos baratos, solución a los problemas de deudas, control a los precios de los insumos y precios de sustentación fijados por el Estado, entre otros derechos, como los que disfrutan los productores de otros paíse.