Los abogados están dispuestos a echar mano a todos los recursos jurídicos para intentar revertir el fallo, pero saben que las posibilidades de lograrlo son muy remotas. “Esto se trata de un proceso político. Es muy claro”, dijo Sisco.
Cuando se agoten los recursos en Paraguay, el caso será elevado a la Corte Interamericana.
Hoy miércoles debía llevarse a cabo el juicio a otra acusada en la misma causa, Raquel Villalba, una muchacha que era menor de edad en la época de la masacre, en junio de 2012. Los abogados lograron que el proceso fuera postergado tras recusar a dos de los integrantes del tribunal.
En 2013, la joven denunció haber sido presionada por el fiscal del caso Jalil Rachid y una defensora pública para que declarara en contra de Rubén Villalba, el principal acusado en el juicio, a cambio de una reducción de su propia pena. Raquel se negó.
Rubén Villalba fue quien recibió una condena más pesada el 12 de julio.
Por otro lado, en estos días debe resolverse el caso de otro involucrado en el proceso, un hombre que prestó asistencia a un campesino herido durante el tiroteo del 15 de junio de 2012 y que está en la cárcel desde el mismo día de los hechos.
Ya superó con creces la pena que podría haber recibido si fuera hallado culpable del delito que se le imputa, obstrucción a la justicia, pero hasta que no tenga lugar el juicio no podrá ser liberado.
Los abogados de los campesinos relevaron decenas y decenas de falsedades –“más de 200”– presentadas como evidencias en el curso del proceso.
Algunas fueron hasta demasiado burdas. “Se afirmó por ejemplo que los policías muertos, que según las pericias fueron baleados a más de 10 metros de distancia, recibieron balas de una escopeta calibre 28, un arma casera que dispara perdigones y que no puede matar a nadie a esa distancia”.
Se ocultaron placas radiográficas que hubieran podido determinar el tipo de proyectiles con que fueron muertos los policías, no hay congruencia sobre los orificios de bala que presentaba el cuerpo de uno de los oficiales (un forense habla de cuatro, otro de diez).
Se dijo además –colmo de lo absurdo- que Rubén Villalba y Luis Olmedo (el campesino que recibió la segunda mayor condena) utilizaron la misma arma, apunta el abogado.
“La escopeta que habrían empleado necesita ser recargada tras cada disparo. Parece totalmente inverosímil que uno le hubiera pasado el arma al otro, y ello ante la pasividad de los policías, que se habrían dejado balear a mansalva sin reaccionar”…
Y no se trataba de cualquier clase de policías: los seis uniformados muertos eran integrantes de las tropas de asalto de los Boinas Negras.
“Se llegó a afirmar incluso que los policías estaban desarmados, algo ridículo si se tiene en cuenta tan sólo el hecho de que hubo 11 campesinos muertos, de cuyo asesinato nadie se ocupa precisamente porque se dice que los policías los mataron en acto de legítima defensa y que por ello no debían ser juzgados”…
Aquel 15 de junio de hace cuatro años, había en el campo de Marina Cué, departamento de Curuguaty, más de 320 policías por un lado, respaldados desde el aire por helicópteros, y por el otro no más de 70 campesinos ocupantes de tierras, incluidos niños, mujeres y ancianos.
“Tan desproporcionadas eran las fuerzas que solo el sentido común hubiera debido llevar a las autoridades paraguayas a no caer en el ridículo de acusar de esta masacre a los campesinos, pero hace tiempo que los gobiernos de este país han perdido hasta el sentido del ridículo, sabiendo que pueden obrar en total impunidad”, dijo en aquel momento el sacerdote Pai Oliva.
“Todo el operativo de junio de 2012 se montó para combatir las protestas sociales, en este caso las protestas campesinas contra la utilización de las tierras malhabidas, y para justificar el golpe de Estado parlamentario que tendría lugar unos días después contra el presidente Fernando Lugo”, concluyó el abogado Sisco.